Es infinitamente más fácil defender un principio que vivir conforme a él. Esta vieja máxima ha adquirido la categoría de axioma en el ámbito político, en el que la disociación entre el discurso y los hechos se tolera sumisamente como algo inherente al sistema. El engaño se ha convertido en el recurso dialéctico por excelencia para unos actores (políticos) devenidos en vulgares manipuladores de opinión sin más ambición que la conquista del poder.
La semana pasada, el candidato a Presidente del Gobierno de España por el Partido Popular, desgranaba con la solemnidad de quien se cree ganador, una serie de principios básicos, inspiradores de su forma de gobernar. Entre ellos destacó la honradez de los cargos públicos. “Se acabaron las facturas en los cajones”. “Se acabó la impunidad”. “Inhabilitaremos a los políticos que contraigan gastos sin cumplir la ley”. Ciertamente, se trata de un principio loable. Es imposible no saludar efusivamente tal pronunciamiento. Aunque provenga de un líder de la derecha. La honradez no es privativa de ninguna ideología. Más bien al contrario, debería ser un requisito indispensable para el ejercicio de la actividad pública en cualquiera de sus versiones. Podríamos deducir que estamos ante el inicio de una nueva etapa en la que la observancia de la ley por parte de los políticos se va exigir con rigor e intransigencia. Demasiada ingenuidad.
La Ciudad de España con más facturas en los cajones (en términos proporcionales) es Ceuta. Paraíso de impunidad. No es fácil cuantificar con exactitud el desmán. Como mínimo alcanza los doce millones de euros. Este dato puede servir para comprender la magnitud del problema. Aunque probablemente resulte una cantidad muy superior cuando se hayan terminado de registrar todos los cajones.
La ley es taxativa. Ningún cargo público puede contraer un gasto sin seguir el procedimiento legalmente establecido, en el que se contempla, entre otras cosas, la comprobación previa de la existencia de la correspondiente consignación presupuestaria. La finalidad de esta prescripción legal es obligar al Gobierno a ajustarse a los presupuestos, de forma que no se incurra en gastos indebidos, ni se produzcan agujeros que lastren el desenvolvimiento económico de la institución en el futuro. No sirven de excusa las situaciones imprevistas que, lógicamente, se pueden presentar. La propia ley prevé mecanismos suficientes para atender correctamente todas y cada una de las posibles eventualidades.
Los gastos sin consignación se generan cuando se pierde el respeto a la ley. Es una enfermedad de nuestra democracia que se agudiza con las mayorías absolutas, y alcanza el paroxismo cuando el gobernante levita y se siente responsable sólo ante Dios y la Historia. Este es nuestro caso. Juan Vivas ha interiorizado la condición de inmune que le otorga un amplio sector de la ciudadanía. Él sabe que ninguno de sus actos por execrable que sea merecerá la reprobación de su irracional turba de fans. La consecuencia es que su voluntad (su interés) se convierte a su vez en cuerpo legal y código moral. De este modo va ordenando gastos a su antojo sin más procedimiento que su caprichoso dictado. Los funcionarios se enojan, pero callan. Sus compañeros se espantan, pero aplauden. Y las facturas van cayendo en los cajones acumulando una ilegítima hipoteca que sufrirán las futuras generaciones.
¿Hay alguien que pueda pensar, siquiera remotamente, que el Presidente del Gobierno de España, del PP, va a inhabilitar al Gobierno de Ceuta? No sólo no sucederá sino que además tendremos que soportarle una cansina retahíla de halagos sobre su impecable gestión. Y es que en realidad, lo que quiso decir el aspirante Rajoy es que inhabilitarán a todos los políticos que contraigan gastos sin consignación “siempre y cuando no sean del PP”. Un código ético similar al de las mafias.
