España ya alberga más empleados públicos que la suma de comerciantes, hosteleros y reparadores de motor. En España hay unos 3,2 millones de empleados públicos, y digo “unos” porque nadie sabe con exactitud cuántos empleados públicos tiene España. Por si sola, esta cifra representa un 25% más que los empleados de toda la industria, sector que mueve el 15% del PIB.
A esto hay que sumarle la utilización del empleo público como un método artificial de contener las cifras de paro, resultando un sistema inviable, que gasta más que ingresa, que recurre a recortarle las pensiones a todos, a disminuirle el salario a los trabajadores y a aumentar tasas e impuestos; reconociendo explícitamente con esto, la hipertrofia de la administración pública y la negación de la verdadera solución, que no es otra que meter las tijeras, con prudencia y exactitud, pero meterlas.
El Estado no genera dinero por si sólo, mucho menos el Gobierno. Ambos son grandes deglutores de ingentes cantidades actuando como Pantagruel monetario sin medida, de una mesa servida por la clase media trabajadora y el tejido empresarial.
En un país donde hay más aspirantes a “Gran hermano” que a ser autónomo, resulta grotesco que existan dilaciones continuadas en el proceso para la obtención de las bonificaciones del 50% en seguros sociales, mostrando descaradamente el verdadero desinterés de los socialistas por nuestra Ciudad, el escaso conocimiento de la realidad económica y la nula preocupación de los progresistas por las abrumantes cifras de paro que nos asolan.
España necesita tomar medidas que no ahoguen a los emprendedores, y las bonificaciones en seguros sociales es una de ellas. Pero no crean que esto es la panacea. No olvidemos que en Alemania, verdadero motor del empleo europeo, los seguros sociales suponen aproximadamente un 12% del coste salarial, mientras que en España es del 30%, por lo que las bonificaciones nos dejarían 3 puntos por encima de Alemania. Ceuta no demanda nada inalcanzable al Gobierno socialista, pero lo que pide, necesita que se haga con premura.
A esto hay que sumarle los, cada vez menos representativos, sindicatos, que no son capaces de llegar a un acuerdo con la patronal, y la inacción de un Gobierno en plena huida y descomposición que hace sea inviable un mercado laboral que ya ha llegado al colapso.
El depósito de la capacidad negociadora sindical y política en líderes con escaso conocimiento es un componente más de la destrucción del empleo en España. Como botón de muestra la negación de adaptar los salarios a la productividad, algo que haría aumentar los salarios de iniciativa privada al 18% para converger con Alemania y del 22% para converger con USA.
Pero claro, hablar de productividad a sindicalistas quiénes durante toda su vida han tenido un salario fijo…
