Era lo normal, se veía venir. La democracia permite que el pueblo se pronuncie sobre sus gobernantes y sus proyectos políticos, a la vez que vuelque en las urnas su opinión sobre el modelo de sociedad que desea. No se nos oculta que en esta ocasión el sentido de su voto ha ido mucho más allá de lo que era una mera elección de concejales, alcaldes o gobiernos autonómicos.
Los resultados del 22M han sido contundentes. El socialismo no solo ha sido el gran perdedor de estas elecciones sino que ha sufrido el rechazo popular más incontestable desde el fin de la dictadura en España. Los votantes han manifestado con meridiana nitidez su rechazo a gobiernos municipales y autonómicos que encarnaran la continuidad de los graves errores que tanto han dañado la credibilidad y la confianza de España.
Nuestros jóvenes se sienten engañados por tanta palabrería hueca e insustancial que no sirve para afrontar su principal necesidad e inquietud: trabajar, tener un salario digno y construirse un futuro sobre bases sólidas.
Las mujeres no se ven reflejadas en un gobierno que solo se parapeta en el espectáculo y en las fórmulas demagógicas para enfrentarse a sus problemas: la tarjeta roja en el caso de la violencia, la exaltación feminista de su Presidente, la quiebra de la lengua de Cervantes para poner la A en lugar de la O, la sustitución de los sexos por el género o la igualdad llevada al extremo de hacer desaparecer las diferencias que la naturaleza impone al ser humano.
Los trabajadores manifiestan en su mayoría su gran preocupación: la inseguridad de sus puestos de trabajo, la escalada de precios en productos básicos como la electricidad, el gas, los carburantes etc., la pérdida constante del valor de sus salarios cuando no la reducción de los mismos y la disminución de garantías de que, en un futuro no muy lejano, sus pensiones puedan proporcionales una jubilación honrosa y sin sobresaltos.
Los empresarios están sumidos en una gran depresión económico-financiera que les hace desesperante subsistir. Las pequeñas y medianas empresas –creadoras del 80% de los puestos de trabajo-, sufren una asfixia insoportable. Los impuestos, los costes de funcionamiento, la contracción del crédito y la reducción del consumo son hoy una pesada losa que en muchos casos están obligando al cierre definitivo de sus negocios, con la consiguiente sangría de pérdida de puestos de trabajo.
Si a este panorama le añadimos la preocupante deriva de nuestro sistema financiero y nuestra debilidad como país en el contexto internacional, la reacción del electorado es la lógica respuesta al desaguisado que ha provocado entre la ciudadanía la pésima administración de sus intereses por parte del gobierno socialista. En definitiva el resultado de estas elecciones municipales y autonómicas no es otro que el voto libre y sin paliativos de una moción de censura popular.
Pero este análisis no puede ni debe quedarse en un mero relato negativo de los serios problemas que en estos momentos rodean a la sociedad española. El giro que, después de las votaciones, exige el pueblo español a sus políticos y gobernantes es de una elevadísima responsabilidad para quienes han obtenido su confianza. Una lectura detenida de lo que espera permite vaticinar cuál es su demanda inmediata.
De inmediato, los nuevos gobiernos que se constituyan a nivel municipal o autonómico deben decir la verdad sobre la situación económica de sus respectivas administraciones y en función de ella adoptar medidas que impongan criterios reales de austeridad y eficacia. No es de recibo el tsunami que en estos años ha inundado las administraciones de cargos y personal de confianza en detrimento del aprovechamiento de los funcionarios profesionales que se han visto relegados y discriminados. Se impone pues, una reordenación del sector público en su organización estructural para un mejor aprovechamiento de sus recursos.
Solo se pueden afrontar aquellos gastos que permitan sus economías. Mientras a los ciudadanos se les pide y se les requisa parte de sus ingresos vía impuestos para que las administraciones afronten sus necesidades, el ejemplo en el uso correcto de los bienes públicos debe ser una constante de sus administradores. Si son más pobres los ciudadanos, en especial la sufrida clase media, también los son sus ayuntamientos y gobiernos autonómicos; acabar con el despilfarro de algunos es obligado y urgente.
Hay que insuflar confianza y dinero a la clase empresarial para que invierta, obtenga los legítimos y justos beneficios y se creen puestos de trabajo. Allanar el camino a los emprendedores, poner firmes a las grandes empresas y al mismo sistema financiero, para que modere las retribuciones de sus altos ejecutivos, como reclama la UE, reinvirtiendo parte de sus beneficios y ayudas públicas en créditos a empresas productivas y consumidores, es una premisa para ir recuperando el dinamismo del mercado.
La estabilidad de nuestro estado de bienestar y de su sistema de protección social depende de nuestra capacidad de creación de empleo y del crecimiento de nuestro modelo productivo capaz de generar riqueza para que pueda después ser justamente distribuida.
España ha disfrutado a lo largo de muchos años de la solidaridad europea a través de los fondos estructurales que han beneficiado a numerosas regiones españolas, es lógico también que se nos pida una contraprestación de rigor y seriedad en nuestras cuentas públicas para cumplir con nuestras responsabilidades.
Los agentes económicos y sociales y las administraciones públicas están obligados en estos momentos, a hacer una gran reflexión conjunta o separadamente, sobre su contribución real a la recuperación de una nación que, como la española, necesita reencontrase con su orgullo y su capacidad de reacción a las adversidades. El 22M ha dado el primer paso y la respuesta ya no puede hacerse esperar.
