El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, nos ha proporcionado esta última semana dos Sentencias absolutamente dispares. Una mala y otra buena. Curiosamente, ambas malas para el Gobierno que preside Zapatero.
Por un lado, ha condenado a España a pagar, nada menos que al proetarra Otegui (así, con una “u”, que es como se lee en castellano), una indemnización de 20.000 ? por daños morales, al considerar que el Tribunal Supremo español dictó “una sentencia desproporcionada” (que había avalado con posterioridad el Constitucional) cuando lo condenó a un año de cárcel por injurias al Rey, al cual calificó en una rueda de prensa como “el responsable de los torturadores”. Según el TEDH, “en el contexto de un debate sobre una cuestión con interés público legítimo, nada puede justificar la imposición de tal pena de prisión”. Ni siquiera, por lo visto, el propio Código Penal español. Ni siquiera, tampoco, la catadura moral del que la profiere y sus antecedentes penales. Ni siquiera el respeto que merece la jefatura del Estado. Y lo peor es que, según se ha publicado, el TEDH admite la idea de que en España se producen realmente torturas. En definitiva, una Sentencia deplorable, pero que hay que acatar.
Sin embargo, y solamente tres días más tarde, el TEDH ha recuperado la sensatez al dictar otra Sentencia por la cual se avala la presencia crucifijos en las aulas, aclarando que ello no representa ningún menoscabo para el derecho a la educación de los alumnos. Dicho fallo –que revoca otro anterior- viene a resolver la cuestión planteada en Italia por una madre finlandesa que había protestado porque, según ella, el crucifijo atentaba contra el derecho de su hijo. El Gobierno italiano llevó el tema ante el Tribunal, defendiendo la presencia del símbolo máximo del cristianismo en las clases, y su postura encontró, por añadidura, el apoyo expreso de Grecia, Bulgaria, Rusia, Armenia y Chipre (naciones de mayoría ortodoxa) y de Lituania, Malta, San Marino y Mónaco (de mayoría católica). De acuerdo con el criterio de Magistrados que votaron a favor de la Sentencia, la presencia de un símbolo de la religión mayoritaria en el país “no constituye un gesto de adoctrinamiento que pudiera considerarse como una violación del derecho a la libertad de creencia.
Naturalmente, nuestro Gobierno laicista y declarado partidario de la desaparición de los crucifijos en los colegios, no movió un dedo para respaldar a Italia en su petición. Y ahora, a la vista de la Sentencia del máximo tribunal europeo en materia de derechos humanos ¿qué hará? ¿Derogará sus disposiciones laicistas al respecto, o pretenderá que las cosas no van con él? Es el momento de que los padres católicos, que son sin duda mayoría, exijan el retorno de los crucifijos a las aulas a las que sus hijos acuden. Y digo acuden, porque lo de educarse, en estos tiempos, no parece que se consiga plenamente allá donde desde el Gobierno se pretende imponer a los alumnos una ideología concreta y enfrentada al cristianismo.
Adelante, pues, y a conseguir que los crucifijos vuelvan a colocarse en los lugares de los que nunca debieron ser retirados. Le duela a quien le duela. Porque, como la anterior, esta Sentencia también hay que acatarla ¿o no?.
