Se puede leer en el artículo 3.2 de la Constitución Española de 1978 que “las demás lenguas españolas (aparte del español, que en el artículo 3.1 se erige como eje principal) serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Sólo con esta primera frase, cualquier tipo de propuesta lingüística que exceda dichos límites ha de ser descartada rotundamente. Las reclamaciones sobre el peso específico acerca del dariya o del tamazig dentro de la cooficialidad lingüística deberían estar descartadas de por sí, ni siquiera deberían ser planteadas teniendo en cuenta que contradicen claramente este artículo. Porque, entre otras tantas cosas, ¿cómo podría considerar nadie con un mínimo de acervo cultural que las anteriores puedan encuadrarse cuales “lenguas españolas” como para tan siquiera sugerir dicha posibilidad? Indudable sandez.
Incluso si se obviara la manifiesta anticonstitucionalidad de dicha propuesta y se recurriese a la cantidad de personas que las utilizan como medio de comunicación principal, se podría rebatir a través de una línea similar: referenciando al inmenso número de extranjeros residentes que no dominan el español y residen en este país. ¿También se llegará a proponer que, por ejemplo, el rumano sea considerado cooficial en aquellas ciudades con elevadas cantidades de población rumana? ¿Lo mismo se hará con el resto de los balcánicos? ¿Se contemplará de la misma manera al pueblo chino? ¿Y qué hay de los africanos? Con el avance imparable de la globalización y siguiendo este pensamiento no quedaría otra opción que conceder la cooficialidad a todos los idiomas con un sector parlante cuantitativamente reseñable en cada estado. Lo cual es una absoluta utopía que contribuiría a azotar aún más a las debilitadas raíces de la cultura española; de cuya defensa, en lo lingüístico, se ocupa el ya citado artículo 3.2 de la Constitución Española de 1978.
Esta improductiva cruzada obstinada en hacer de este país el más progresista del universo y de su historia se toma, a veces, licencias inconcebibles en cualquier otra nación, avivándose progresivamente a medida que abren sus respectivas bocas algunos de los personajes que defienden sus modernísimas obsesiones por encima del marco constitucional español, el mismo en otras ocasiones recurrido para defender los pareceres afables. El despropósito eterno que navega por las venas de los pseudodemócratas, sólidos defensores de cuantas leyes le amparan y gigantescos detractores de las que le afectan negativamente.
Por enésima vez los mandatarios de los partidos sin ideas se enredan en iniciativas sin pies ni cabezas, cuales holgazanes que chapotean en su alberca particular, donde se dedican a perder el tiempo y a complacer su ego inventando el siguiente propósito, la próxima reclamación populista que alcance una profundidad mediática destacable.
Las mismas tonterías de siempre propias de los ineptos de turno, los que nunca fallan en hacer el ridículo, los que no dudan en saltarse la legalidad proponiendo incongruencias fuera de las lindes de este juego si eso les hace aparentar cuales héroes que, a decir verdad si se les analiza desde la distancia, más se asemejan a los tiranos tradicionales.
En Democracia se presentan debates, en ningún caso se imponen; recuérdenlo.