La primera gran protesta social, en forma de huelga general en el sector público, contra la política económica de Zapatero se saldó de forma irregular. Una muestra de esta discrepancia, mientras los sindicatos cuantificaron el paro en el 75% de los cerca de 2,5 millones de trabajadores públicos convocados, el Gobierno habla del 11,85% en la Administración del Estado, que no incluye a las comunidades autonomías. Que a nadie le quepa duda de que habrá una huelga general. La convocatoria dependerá del contenido del decreto que el Consejo de Ministros aprobará el próximo día 16 y que contendrá previsiblemente una reforma de las causas de despido. Hay algo que se ha podido apreciar en estos días, los sindicatos han perdido la credibilidad de todos los trabajadores, su apoyo al gobierno de Zapatero en estos últimos años, les esta pasando factura, mucho van a tener que trabajar para recuperar la confianza de aquellos a los cuales deben defender.
Zapatero pasa la factura de su despilfarro a los empleados públicos, el decretazo socialista es una decisión unilateral del Gobierno. Zapatero no ha tenido en cuenta ni a los representantes sindicales, ni a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en que prestan sus servicios. El 74,2% del empleo público depende de las CCAA y de Entidades Locales. Las medidas del decretazo socialista son improvisadas, insuficientes e injustas. Son consecuencia de una política carente de visión de futuro y que generan, como estamos viendo, inestabilidad y desconfianza. Hay que considerar que una huelga no soluciona la crisis ni ayuda a salir de ella, pero hay que entender la indignación de los empleados públicos.
El Partido Popular valora la responsabilidad y la dedicación de los empleados públicos con el servicio al ciudadano, ante el mayor recorte social de la democracia. Los populares deseaban que la huelga se desarróllese sin incidentes y que se cumplieran los servicios mínimos con normalidad.
El gobierno se defiende de las criticas poniendo como ejemplo a otros países de la UE, esa táctica no sirve porque Zapatero no es Merkel, ni España está como Alemania, tiene menos de la mitad del paro y menos de la mitad del déficit público que España. Merkel toma sus medidas para no llegar a la situación catastrófica a la que nos ha llevado Zapatero con su negación de la crisis y su incompetencia. Las medidas de Merkel no tocan las pensiones mientras que el decretazo de Zapatero sí las congela. El gobierno alemán, a diferencia del gobierno español, se compromete a equilibrar casino internet las cuentas públicas. Alemania prohíbe el déficit presupuestario a partir de 2015. Zapatero ha incumplido la Ley de Estabilidad Presupuestaria que hizo el Partido Popular y se niega a volver a prohibir el déficit. Merkel recorta el gasto sin subir los impuestos, no como Zapatero. Las tres primeras medidas de Zapatero para reducir el déficit fueron subidas de impuestos de alcohol y tabaco, IRPF e IVA. Merkel no sube los impuestos y sólo plantea algunas correcciones en tasas ecológicas y algunas transacciones financieras. Alemania no reduce prestaciones sociales sino que las reforma para evitar que se acumulen subvenciones en vez de perder un empleo.
La luz sube un 35% desde que gobierna Rodríguez Zapatero. Con el Partido Popular bajó un 15%. El gobierno vuelve a subir la tarifa eléctrica otro 4% en julio, que se suma al 2,6% del pasado mes de enero. En total la tarifa de la luz sube para las familias y a las PYMES españolas un 35%, mientras que con el gobierno popular descendió un 15%. Sólo en el presente año la factura de la luz se incrementa casi un 9% por culpa del incremento del IVA en dos puntos en julio. La subida sólo afectará a los hogares y a las PYMEs, pero no a las grandes empresas. La subida puede ser incluso mayor si sigue incrementándose el precio de la energía antes del 23 de junio. Todas las asociaciones de consumidores han protestado ante esta subida que consideran un abuso.
Fernández de la Vega dice que la subida del IVA no afecta a bienes básicos: será que para este gobierno la luz no es un bien básico; en cambio sí deben ser bienes básicos los vuelos en Falcon que pagamos todos los españoles. Los ministros socialistas despilfarran mientras recortan sueldos y pensiones a los ciudadanos. Tres ministros viajaron en tres Falcon el mismo día para ir a Bruselas. Cada hora de vuelo cuesta 2.000 euros a los españoles. El Tribunal de Cuentas advirtió a Zapatero por utilizar el Falcon para asistir a mítines electorales en la campaña de las elecciones europeas. El Tribunal de Cuentas indica que el gobierno debe regular el uso de los aviones oficiales, especialmente en época de campaña electoral.
El Partido Popular presenta una Proposición no de Ley para regular el uso de aviones oficiales. Su utilización debe ser restrictiva y, si se trata de asistir a un acto electoral, el viaje debe pagarlo el partido del candidato. El Partido Popular exige que el gobierno se someta a un plan de austeridad en los viajes de los altos cargos de la administración.
La UE sigue exigiendo al Gobierno de Zapatero planes efectivos para la reducción del paro, España están en una situación critica por las cifras del paro duplicando la media europea. El gobierno socialista amenaza a los españoles con agotar la legislatura, nos condenan a un destierro económico que podría durar una década.
