La Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia condenatoria para el único imputado en la mediática ‘Operación Ibiza’ que quedó sin enjuiciar.
Declarado en rebeldía en 2011 al no presentarse a juicio, este ceutí ha terminado por desfilar, al igual que las otras 26 personas que fueron detenidas en esta operación contra el tráfico de hachís a gran escala, ante el tribunal. Aunque eso sí, bastantes años después.
La sentencia dictada por la AN le condena a 2 años y medio de prisión al considerarle criminalmente responsable de un delito contra la salud pública que no causa grave daño a la salud, aplicándosele como atenuante la confesión tardía. A la prisión se le añaden dos multas de 94.061.400 euros, cantidad económica que se equipara al valor de la droga que fue intervenida en el operativo policial con el que la Guardia Civil de Málaga y el GRECO de la Nacional dieron por desestructurada una organización que, se dedujo, tenía ramificaciones en Reino Unido, Francia, Gibraltar, España y Marruecos y en la que, con mayor o menor grado de implicación, terminaron relacionándose 19 ceutíes.
En el caso de marras, el último imputado de ‘la Ibiza’ confesó de manera libre y voluntaria los hechos por lo que no fue necesaria la realización de prueba alguna, dándose carpetazo penal a este asunto.
Años atrás lo hicieron los demás colegas de prácticas delictivas que obtuvieron penas mucho más beneficiosas. Buena parte no llegó a entrar en prisión, salvo el periodo que estuvo en preventiva, después de una conformidad en la que se firmaron acuerdos de no más de dos años. El plazo necesario para no pagar con una condena mayor su implicación en estos negocios. De hecho, la condena mayor fue para el considerado cabecilla de la trama: 3 años y medio. Acuerdos que nada tenían con ver con las calificaciones iniciales de un Ministerio Fiscal que llegó a pedir hasta más de 8 años de prisión. Solo dos de los detenidos fueron absueltos.
‘La Ibiza’ sirvió para desmantelar la operatividad de un grupo delictivo perfectamente estructurado y jerarquizado que se dedicaba al desplazamiento de embarcaciones neumáticas semirrígidas de alta velocidad desde el Reino Unido en camiones hasta Francia. Botadas en el puerto de Saint Cyprien eran trasladadas después vía marítima hasta Marruecos, en concreto a La Mar Chica, en donde se cargaban de hachís y ocultaban a la espera de favorecer la salida de la droga. Los desembarcos en las costas contaban con alijadores y con el apoyo incondicional de un agente del CNP en segunda actividad residente en Marbella que facilitaba al cabecilla de este operativo los datos necesarios para burlar la acción policial. Números de teléfonos intervenidos, matrículas de los coches camuflados que usaban los investigadores e incluso identididades de quienes estaban siendo vigilados... todos los datos necesarios llegaban a manos de la organización antes de que los agentes pensaran siquiera en actuar.
La red disponía de una estructura clave en Ibiza para el almacenamiento de la mercancía, disponiendo de naves y un chalet bajo la titularidad de testaferros.
En junio de 2006 comenzaron las operaciones policiales que terminarían en agosto de ese año con el arresto de casi una treintena de personas, 19 vecinos de Ceuta, entre los que figuraban alijadores o colaboradores y que aquel año se convirtieron en protagonistas de los medios de comunicación locales.
El operativo policial terminó desabaratando la efectividad del grupo, lográndose la aprehensión de más de 10 toneladas de hachís, dinero y gran cantidad de vehículos y semirrígidas.
Al margen de la investigación penal desarrollada y juzgada se inició otra paralela por blanqueo de capitales con la finalidad de ahondar en el entorno económico, patrimonial y financiero de los detenidos.
