El desahucio que estaba previsto que se ejecutara a las 10:30 horas en la calle Argentina finalmente no tuvo lugar. Los afectados por la orden de desalojo se encontraban en el inmueble, arropados por familiares y amigos de la familia, cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policia se personaron en el portal que da acceso a la vivienda.
Pasados unos minutos de la hora marcada y sin presencia todavía de ningún representante del juzgado, los agentes de Policía recibieron el aviso de que el procedimiento había quedado anulado, tras lo cual se retiraron.
La noticia le fue transmitida a la familia por trabajadores de los medios de comunicación que se encontraban cubriendo el suceso. Mientras los periodistas recogían los testimonios, los agentes les informaron de la buena nueva en las instancias del bloque de viviendas y éstos se encargarían finalmente de informar de la novedad a los afectados. La alegría inundó en ese momento el inmueble que se encontraba con buena parte de las pertenencias que alojaba ya en las escaleras del bloque. Los abrazos y felicitaciones se sucedieron entre los miembros del entorno de la familia. Las miradas pasaron de expresar angustia y preocupación a mostrar ojos empapados en lágrimas de felicidad.
VPO y menores
Lidia y Karim son los padres de cuatro niños de menos de diez años, todos ellos estuvieron cerca de ser expulsados del piso donde viven, ayer, en la calle Argentina. Según puso en conocimiento de los medios de comunicación la propia Lidia, llevan casi diez años viviendo en la misma casa pese a no ser de su propiedad. La cabeza de familia confiesa que en su momento se introdujo en la vivienda ocupándola cuando era un piso vacio, de puerta rota y escondrijo de toxicómanos. Se trata de una vivienda de protección oficial cuyo dueño feneció, tras recibir también una orden de desahucio. Los herederos del fallecido reclaman ahora la propiedad de la vivienda, siendo éste el motivo por el cual se iba a proceder al desalojo del piso. Durante ese tiempo Lidia puso en su conocimiento de Emvicesa el hecho de que se encontraba viviendo allí, con la intención de regularizar su situación. De hecho, se encuentra empadronada en esa dirección y tiene contrato de luz y agua según ha informado. Tanto la familia como su entorno aseguran también que han hablado numerosas veces con subordinados de López y que estos miembros de Emvicesa les dijeron que no se preocuparan, que a falta de una firma del anterior gerente, su situación estaba controlada.
La familia de Lidia y Karim quedan a expensas ahora de lo que pueda pasar. Con una renta de 300 euros no pueden acceder, como otras tantas familias, a alquilar una vivienda, aún con la presumible ayuda de Servicios Sociales.