La experta del Equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas Española Sonia Olea Ferreras intervino ayer en Ginebra en la 29ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y alertó de las devoluciones en caliente que se producen en Ceuta y Melilla.
Asimismo, pidió que se derogue la Disposición Final primera de la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, que las hace posible.
Olea destacó en su intervención ante la ONU que toda persona, según la Constitución y la normativa de aplicación española, tiene derecho a un procedimiento administrativo de expulsión o devolución con todas las garantías en el acceso a la justicia. En este sentido, abogó por la necesidad de seguir profundizando en la creación de herramientas de intervención, seguimiento, sistematización de datos y formación de los agentes de las administraciones públicas para propiciar un enfoque integral contra la discriminación racial y étnica. Con relación a la actual Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Cáritas puso el acento en la creación de sistemas de seguimiento y observación, en especial en lo que se refiere a supuestos jurídicamente indeterminados donde pueden verse muy dañadas personas en situación de exclusión social y vulnerabilidad severa, lo que supondría una criminalización de la pobreza.
Esta ONG también considera esencial abordar un marco estructural de la emergencia habitacional que cientos de familias viven en España.
