Hace ya más de dos y meses y medio desde que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, visitó por última vez Ceuta para inaugurar a bombo y platillo la Oficina de Protección Internacional del Tarajal, que a fecha de hoy todavía no ha atendido a ningún migrante.
Es probable que a finales de junio, cuando el miembro del Ejecutivo de Mariano Rajoy vuelva a la ciudad con el comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, siga siendo el mismo. La Administración General del Estado nunca ha sabido dar una respuesta definitiva sobre la utilidad de unas dependencias a las que, al menos en Tarajal, es imposible acceder desde territorio marroquí salvo consentimiento, que no se da, de las autoridades del país vecino. El diputado de Amaiur Jon Iñarritu presentó una batería de preguntas al Gobierno central al respecto a cuyas contestaciones ha tenido acceso El Faro. “España no puede imponer a un tercer Estado, en este caso Marruecos, criterio alguno que determine cómo debe realizar los controles de entrada o salida de su territorio”, remarca el Ejecutivo de Rajoy en su respuesta. “Es por ello”, añade, “que la materia de inmigración y asilo trasciende la soberanía española, tal y como se establece en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, debiendo ser la UE la que emprenda con los terceros Estados las acciones relativas a estas cuestiones”. Para España es fundamental, en este sentido, el artículo 78 de dicho Tratado, que establece “claramente” que corresponde a las instituciones comunitarias “desarrollar una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal”. De hecho, señala que “corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo adoptar las medidas relativas a un sistema común europeo de asilo”. Este debería incluir también, según el Gobierno central, “la asociación y cooperación con terceros países para gestionar los flujos de personas que solicitan asilo, así como la protección subsidiaria o temporal”. Marruecos, socio En su contestación a Iñarritu, el Ejecutivo central recuerda que las personas que intentan entrar en España “asaltando” las vallas de Ceuta y Melilla desde Marruecos lo hacen desde un país “que es signatario de la Convención de Ginebra de 1951 y de un acuerdo de sede con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)”. “Asimismo”, hilvana, “mantiene con la Unión Europea una relación privilegiada de la que son muestra tanto el Estatuto Avanzado, firmado por la UE y Marruecos en 2008, como el Partenariado de Movilidad UE-Marruecos de 2013”. Por si fuera poco, el Gobierno central recuerda que hace un año y medio “se inició una nueva política en materia de inmigración y asilo que cuenta con el apoyo de la propia Comisión Europea”. “No se debe olvidar que, a través de ACNUR, Marruecos está incrementando las actuaciones y concesiones de protección internacional en favor de nacionales sirios y de otras nacionalidades”. Para concluir, la Administración estatal destaca que “los procedimientos instruidos por el Cuerpo Nacional de Policía están en consonancia plena con los cauces establecidos en la normativa española y europea”. En ellos “se garantiza la asistencia letrada y de intérprete, el derecho de audiencia, la presentación de alegaciones y recurso, así como el derecho de ser informado y obtener una resolución motivada, tal y como establece la Ley de Extranjería”. Las oficinas de asilo de las fronteras de Ceuta y Melilla se han abierto para permitir “a todo ciudadano extranjero, apátrida o nacional de un tercer Estado no comunitario” que se presente en ellas “solicitar protección internacional”, algo que también se puede hacer “ante las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero”. Según el Ejecutivo central, mientras que en Ceuta aún no se ha registrado ninguna solicitud, en Melilla se contabilizan unas 1.600: una de Jordania, 5 de Irak, 33 de Marruecos, 10 de Palestina y un total de 1.567 de ciudadanos de Siria.
