Un grupo de madres y padres de alumnos que han tenido relación con A. G., la maestra sobre la que se ha dictado una orden judicial de alejamiento con respecto a siete alumnos del Colegio Concertado San Agustín, han comenzado una recogida de firmas en defensa de la forma en que ha desarrollado la profesión docente, según han informado fuentes de la comunidad educativa de ese centro escolar, en el que no ejerce desde la semana pasada a la espera de que concluyan las diligencias judiciales abiertas.
La docente fue denunciada por la madre de uno de sus alumnos de 3 años por presuntos tratos degradantes o vejatorios. De las testificales y las pruebas practicadas la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 concluyó el pasado viernes que existen “indicios racionales de la comisión de un delito de maltrato habitual hacia los menores a los cuales imparte clase y de un delito de contra la integridad moral”. Los hechos concretos denunciados pasaban por la introducción de un niño en un cubo de basura (solamente una vez, según la imputada), por atarle a una silla de bebé o por dar azotes (“fuertes”, según algunos niños) y tirones de orejas. La inspectora del colegio ha señalado que el centro ha incurrido en “omisiones importantes” para “proteger a la profesora” durante la investigación.