La batalla contra la tasa de desempleo más desbocada de España –y por extensión de toda la UE– moviliza cada año recursos económicos y materiales para intentar apaciguar cifras que durante la crisis no han hecho más que escalar.
El dato pesa como una losa: 12.595 ceutíes buscaban una nómina a finales de diciembre, según los registros oficiales. No hay fórmula exacta para combatir la lacra –o al menos no la encuentran quienes de eso entienden– pero las estadísticas, frías aunque reveladoras, insisten siempre en que a menor currículum menos posibilidades también de dar el salto al mercado de trabajo. La formación profesional enfocada al empleo se convierte así en una de las herramientas enarboladas por la Administración para reforzar las posibilidades de reinserción o debut, según el caso, en el tejido laboral.
Con la vista puesta en ellas convocó ayer el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a los agentes sociales en torno a la misma mesa. Ciudad y Administración central junto a empresarios y sindicatos. Todos remando –o al menos se presupone– en la misma dirección para moldear los cursos que en unos meses se presentarán a buena parte de esos casi 13.000 parados de la ciudad para impulsar sus capacidades, fortalecer aptitudes profesionales y recortar las distancias que les aíslan del ansiado trabajo. Al frente de la cita, el propio director provincial del SEPE, Manuel Sánchez Gallego, esforzado en recomendar a los asistentes que transmitan a su departamento las necesidades de cualificación profesional que aconseje la experiencia y el nivel de formación que requiere el mercado laboral en momentos tan delicados. Traducido, adecuar las acciones formativas a las demandas de los sectores productivos o de los yacimientos de empleo.
Suyo fue el retrato robot del tejido laboral local, afectado por disfunciones como la desorbitada tasa de desempleados sin estudio alguno (un escalofriante 65,4 por ciento), el elevado índice de mujeres que buscan trabajo, la losa de los parados extranjeros de larga duración o el efecto llamada de los Planes de Empleo. Y por encima de todo, un rasgo distintivo del peculiar mercado de trabajo de Ceuta: el SEPE recibe un número raquítico de ofertas de empresas en busca de empleados porque o los importan de la Península o recurren al boca a boca.
Trazado el escenario, llegó el turno de exposiciones. La Ciudad, representada por la viceconsejera de Empleo, Adelaida Álvarez, hizo hincapié en potenciar la empleabilidad de los mayores de 45 años, con graves problemas de reinserción laboral, y de quienes menos pueden aportar en el apartado de formación a su trayectoria profesional. La voz de la experiencia en la Administración local la ejerce Procesa, auténtica impulsora de los programas sociolaborales y canalizadora del respaldo financiero que presta la Unión Europea. El ejemplo de la teoría trasladada al campo de la práctica lo aportó Aquiles Ruiz López, coordinador de Programas y técnico Responsable de la Escuela de la Construcción, el centro que vuelca sus esfuerzos diarios en trazar itinerarios que transformen en potenciales trabajadores a alumnos que, en la mayoría de los casos, puede que ni sepan escribir su nombre.
Confederación de Empresarios y Cámara de Comercio –junto a los sindicatos los distribuidores de la inmensa mayoría de los futuros cursos– pusieron especial énfasis en que la formación no quede relegada a un mero instrumento para “mantener entretenidos a los parados” y reclamaron mecanismos que engarcen esos nuevos conocimientos adquiridos con los nichos de mercado y nuevos yacimientos de empleo que sea capaz de generar la ciudad. Con los sindicatos representados en la reunión (UGT y CCOO) coincidieron en la necesidad de potenciar, incluso con una gran campaña, las posibilidades que abren los nuevos certificados profesionales y de personalidad, un sistema que según el director provincial del SEPE “permite a un fontanero trabajar en Ceuta pero también en Alemania”.
Sobre la mesa, también lagunas y vacíos por los que se cuela la picaresca. Por ejemplo, la que denunciaron los empresarios al exigir más control de la Inspección de Trabajo sobre la economía sumergida. “De nada servirá que formemos trabajadores si luego el poco trabajo que hay lo hace alguien que no es contratado”, se quejaron. O también la crítica a la nueva normativa de la Ciudad que obliga a licitar todo servicio que contrate por valor de más de 500 euros y que por la lentitud del proceso “sólo atrae a empresas foráneas en detrimento de las locales”. Apuntes de un maltrecho tejido laboral con los que ahora el SEPE diseñará sus cursos formativos.
Los ataques al Plan de Empleo, foco de ‘tensión’
La reunión discurría por buen cauce hasta que se topó con los Planes de Empleo. Antonio Gil, secretario general de UGT, censuró que la Ciudad pueda convertirse en una “destructora” de puestos de trabajo al hacer competencia directa a las empresas, como en el caso de la vigilancia privada o de la limpieza viaria. Adelaida Álvarez amagó entonces con abandonar la reunión tras negar que existan Planes vinculados a esa actividad, reprochándole además su “obsesión” y “ataques frontales y desvirtuados, fuera de lugar”. El SEPE insistió en que “en ningún caso se tapan” casos como los denunciados por Gil.
