El Consejo de Gobierno dio ayer un nuevo impulso a las políticas sociales respaldadas desde la Administración local con la aprobación de tres iniciativas: dos convenios y la fase de inicio de un contrato que persiguen, en todos los casos, mejorar las condiciones de vida de colectivos que requieren especial atención.
El primero de los convenios que recibieron ayer el visto bueno del Ejecutivo se suscribirá con Acepas, la Asociación Ceutí de Padres y Amigos de Personas Sordas. La Ciudad financiará parte de sus actividades y necesidades con una inyección económica de 166.270 euros que beneficiarán a sus 47 usuarios. En concreto, con esa cantidad se atienden tareas como la rehabilitación pedagógica o trabajos para la eliminación de barreras arquitectónicas y la inserción e integración laboral. La entidad cuenta con ocho trabajadores.
El otro convenio avalará la misión humanitaria de una de las entidades que goza de mayor reconocimiento en la ciudad, la de los hermanos franciscanos de Cruz Blanca. Los 946.980 euros aprobados, una cifra calificada ayer por Emilio Carreira como “muy importante”, se destinarán a prestar ayuda domiciliaria, hasta el 30 de junio, a los 351 usuarios a los que atiende. El consejero cifró en 14 euros a la hora el coste de ese servicio que prestan 59 trabajadores, mientras que las necesidades de hogar y la alimentación absorben otros 9 euros a la hora.
La tercera iniciativa presentada por la Consejería de Asuntos Sociales al Consejo de Gobierno se traducirá en el inicio del expediente de contratación de servicios, también de ayuda domiciliaria, por importe de casi 4 millones de euros. Atenderá a los beneficiarios a partir del 30 de junio y se extenderá a los ejercicios de 2016 y 2017. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno local, Emilio Carreira, precisó que se ha utilizado la figura del contrato, y no la del convenio, al ser la sugerida por el interventor municipal. El gasto plurianual se contempla por dos años, aunque prorrogables a otro bienio más.
Esas tres actuaciones de clara vertiente social permitieron a Carreira incidir, una vez más, en el carácter de atención al ciudadano con el que ha impregnado el Ejecutivo su gestión en el último tramo de la legislatura pese a los duros ajustes presupuestarios. En total, recordó, la Ciudad moviliza casi 30 millones de euros en políticas destinadas a proteger a los colectivos más desfavorecidos. “En el Pleno se nos acusó de no hacer nada, de no llenar las sesiones de contenido. Es que este Gobierno no se dedica a protestar, se dedica a gobernar”, certificó.
