La Junta de Portavoces, al objeto de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el magistrado del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta en relación con el recurso de la diputada no adscrita,
ha resuelto reconocer a Fatima Hamed la facultad de presentar un máximo de dos propuestas en cada sesión plenaria ordinaria que celebre la Corporación. Al mismo tiempo, los grupos parlamentarios podrán presentar un máximo de seis propuestas.
De esta forma, la Junta de Portavoces entiende que se cumple absolutamente con el criterio de proporcionalidad que alegaba la diputada no adscrita en su recurso y ha reconocido la sentencia.
En las propuestas en las que Hamed sea ponente, tendrá los mismos turnos y tiempos de intervención que el Reglamento de la Asamblea establece para los grupos parlamentarios.
En aquellos puntos del orden del día en los que la diputada no adscrita no sea ponente, podrá hacer uso de la palabra mediante una intervención en el primer turno del debate por un tiempo de cinco minutos.
En opinión de los Servicios Jurídicos de la Ciudad, esta resolución da pleno cumplimiento a la sentencia que la motiva.
Hay que recordar que la decisión que se adoptó en su momento por parte de la Junta de Portavoces, de manera unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el pleno de la Asamblea vino como consecuencia del informe que desde la Presidencia se pidió a los servicios jurídicos de la Asamblea.
Presidente
El pasado lunes, el presidente Vivas ya advirtió de que antes de finalizar la semana se convocaría una Junta de Portavoces, una vez que los servicios jurídicos establecieran su informe. Si mencionó que la idea que tenía era que el acuerdo al que se llegara fuera por unanimidad de todas las fuerzas políticas.
Lo cierto es que el pasado lunes todavía planeaba la posibilidad que por parte de la Mesa de la Asamblea, que fue le órgano reconocido que tomó la decisión de la regulación que la diputada no adscrita Fatima Hamed había tenido hasta ahora en las sesiones plenarias, se estudiara un posible recurso, ante lo cual la misma diputada ya se había curado en salud y solicitó al juez de lo Contencioso Administrativo una aplicación inmediata de su sentencia, por si presentaba un recurso.
De todas maneras, la última palabra la tenían los servicios jurídicos con el informe que tenían que emitir y además, el mismo PSOE, por boca de José Antonio Carracao, indicó que no existiría ningún tipo de consenso en esta ocasión, salvo el que no fuera la aplicación inmediata de los acuerdos plasmados en el fallo del magistrado de lo Contencioso Administrativo, de manera que la diputada tuviera sus derechos.