El anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, nuevo frente para Gallardón
Si no fueran pocos los frentes abiertos contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, uno nuevo se acaba de desatar, éste por el anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que presumiblemente entrará en vigor a comienzos de año, como ya hiciera a comienzos de éste la controvertida Ley de tasas.
De tal modo, la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas considera, a modo de rechazo sobre la citada Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que "la colegiación es fundamental para el ejercicio de la Abogacía", una frase que puede parecer obvia pero que a tenor de las bases del anteproyecto no desentona.
Porque con la entrada en vigor de la ley, se eliminaría la colegiación obligatoria para los abogados que trabajan por cuenta de terceros ("una ruptura de la profesión que es de dudosa legalidad y, en todo caso, inaceptable y negativa para los profesionales y para los ciudadanos"), y, sobre todo, plantea un control de eficacia sobre los Colegios profesionales que va mucho más allá del legítimo control de legalidad.
"Ir en contra de esta ley", explica Valriberas, "significa más que una manera de defender al gremio, una forma de luchar por una profesión cualificada, una circunstancia que es base capital para el posterior desarrollo del sistema judicial en clara redundancia positiva para la ciudadanía", estima la decana ceutí.
Asimismo, cabe destacar que a través del requisito de incorporación a un Colegio profesional, se garantiza a los usuarios, clientes y pacientes la buena práctica de los profesionales que les atienden porque las profesiones colegiadas poseen una implicación directa con los derechos fundamentales, ya que su ejercicio afecta directamente a la salud, la seguridad jurídica, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o la protección del medio ambiente.
Los impulsos liberalizadores del Gobierno en el marco de la Ley de Servicios Profesionales son para Valriberas "pasos erróneos que no conseguirían aupar a un escalón superior del que actualmente estamos a ninguna de las partes implicadas y esto es realmente preocupante", resalta la decana.
Por último, Valriberas señala que "si bien no conozco a ciencia exacta la opinión de todos los letrados de la ciudad, porque se trata aún de una ley en ciernes, sí que la mayoría observa a priori que es una medida equivocada y que no ayuda a mejorar", concluye.
