La concesión de esas autorizaciones es una competencia que gestiona la Administración General del Estado a través de la institución de la Plaza de los Reyes previo informe de los técnicos municipales.
En sus dictámenes, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico, personal de OBIMASA alerta de que “por el tipo de arte y la época de funcionamiento existe un alto riesgo de afección a ciertas especies protegidas como cetáceos y tortugas marinas”.
En ese sentido, reclamaron la comunicación inmediata de “cualquier incidencia respecto a enmalles accidentales de especies protegidas” y que “en el caso de encontrarse ejemplares vivos, adoptar en el menor plazo posible las medidas necesarias para su liberación”.
Además, la Administración local dejó claro que los responsables de las almadrabetas, la empresa local ‘Atunasa’ en dos casos y ‘Fraimartín’, de Barbate, en otro, debían “velar por mantener las debidas condiciones de seguridad y respeto hacia los elementos naturales de la zona de implantación”.
El Ministerio exige a las empresas, además, que remitan “mensualmente” a su Dirección General de Recursos Pesqueros “un mensaje con las especies capturadas cada día y el peso aproximado de las mismas”. Estas artes están colocadas para la captura de “túnidos y especies afines” como melvas, bonitos y bacoretas pero tienen “expresamente prohibida” la pesca de aún rojo “o cualquier ejemplar de otra especie sometida a medidas de protección”.
‘Septem Nostra-Ecologistas en Acción’ ha criticado que el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) se comprometieron a realizar un estudio sobre la capacidad de carga del litoral ceutí que no se ha confeccionado y que el nivel de seguimiento del protocolo de protección y avisos establecido está siendo “muy desigual” por parte de las empresas.
Denuncia al SEPRONA y a la Delegación
La asociación conservacionista Septem Nostra-Ecologistas en Acción de Ceuta ha denunciado este verano al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, al Ministerio de Medio Ambiente y al Instituto Español de Oceanografía (IEO) la muerte de "más de medio centenar" de ejemplares de tortugas protegidas desde mayo en las tres almadrabetas que se han calado en la bahía sur de la ciudad autónoma y que permanecerán durante seis meses. En las denuncias se advierte que las empresas no disponen de los recursos necesarios para evitar la muerte de tortugas que se les exigen.
