El ex consejero de Obras Públicas y Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta del Grupo Independiente Liberal (GIL) que presidió Antonio Sampietro, Jesús Simarro, no tiene la intención de aceptar la invitación de la Comisión de Investigación constituida en el seno de la Asamblea para aclarar los pagos a Urbaser durante la última década.
Según explicó ayer vía telefónica el que después fuera consejero de Relaciones Institucionales y vicepresidente del Ejecutivo local en declaraciones a este periódico, su “cariño” a Ceuta le hace reacio a echar “más leña al fuego” de una polémica “estéril” que, a su juicio, no contribuye a hacer ningún bien a la ciudad. “Hace doce años que me fui de Ceuta y no tengo nada que decir sobre ese asunto, en el que cualquier declaración mía solamente sería utilizada para seguir atizando la polémica política y el enfrentamiento de unos con otros”, se limitó a advertir Simarro.
La del ex gilista es una de las pocas comparecencias ajenas a la estructura política y técnica de la Asamblea, junto a la de responsables de Urbaser, que han solicitado los grupos políticos con representación institucional. Caballas tenía “especial interés” en conocer la versión que sobre los detalles del contrato pudiese dar Simarro, aunque Aróstegui confía en que la luz que no arroje el ex consejero la aporte Federico Cuenca “como ex director general de Presupuestos del GIL”.
Además de la de este contable, el PSOE también ha pedido que sean citados a declarar el interventor, la secretaria general y los dos últimos tesoreros de la Administración local, así como los técnicos que han elaborado los informes que han cerrado el expediente de liquidación del contrato de la anterior concesionaria de la limpieza pública viaria. A partir de la próxima semana podrían empezar a declarar ellos, Vivas y los consejeros que han tenido entre sus competencias ese servicio público.
Sin obligación legal de atender a la Asamblea
A diferencia de lo que sucede con las que se constituyen en las Cortes Generales, no existe obligación legal de comparecer ante las Comisiones de Investigación que se crean en la Asamblea. Una Ley Orgánica con casi 30 años regula la asistencia a las del Congreso y el Senado, ante que las que quedan obligados a declarar “todos los ciudadanos, españoles y extranjeros que residan en España”. También se prevé que las Mesas de las Cámaras velarán por que en estas comparecencias “queden salvaguardados el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos”.
