Y es que nuevamente la liquidación de este contrato aparece en los medios de comunicación, después de dos o tres semanas de espera, tras la nueva comparecencia del secretario general de los socialistas, José Antonio Carracao, para ofrecer los datos de un nuevo informe redactado por el mismo técnico de gestión contable que hizo el primero y que provocó que durante muchas semanas Gobierno y oposición estuvieran ofreciendo datos sobre este particular.
Señala el Gobierno en su comunicado que el técnico de gestión contable de la Ciudad emitió el pasado 28 de mayo un segundo informe en el que viene a corregir el contenido del anterior. Este documento concluye que el exceso de amortización alcanza los 14,3 millones de euros, alrededor de 1,8 millones más que lo concluía el informe anterior. Cuando el técnico emitió el informe, la Consejería lo incorporó de manera inmediata al expediente.
A partir de este particular, el mismo Gobierno reitera “como así lo han acreditado los técnicos municipales, que la Ciudad no sólo no ha abonado a Urbaser ni un céntimo más del importe establecido en el contrato, sino que la cantidad pagada ha estado por debajo de lo establecido al haberse detraído diferentes cantidades de las certificaciones por servicios no prestados o realizados de manera insatisfactoria. En este sentido, cabe recordar que tanto el precio global del contrato como los elementos constitutivos del mismo fueron verificados por la Ciudad mediante la realización de una auditoría externa por parte de una empresa especializada”.
Niega en todo momento el Gobierno de la Ciudad Autónoma que el expediente que se abrió para analizar la finalización del contrato de Urbaser y los distintos flecos pendientes “más que en relación a pagos indebidos gira en torno al concepto de amortización, ante un posible incumplimiento por parte del contratista en cuanto a su obligación de reponer la maquinaria en el momento en el que la misma hubiera sido objeto de amortización, tal y como consta en el informe emitido por los servicios jurídicos”.
Otro aspecto sobre el que también informa la Ciudad Autónoma en este comunicado es en relación con la incorporación al expediente de las alegaciones que ha presentado Urbaser, una vez que se les amplió el plazo de veintidós días naturales que tenía para contestar. Estas alegaciones están agrupadas en cuatro bloques y la documentación aportada por Urbaser está siendo analizada por los servicios técnicos y jurídicos de la Ciudad al objeto de informar sobre las resoluciones que deben adoptarse.
Una vez que concluya el examen y se extraigan las correspondientes conclusiones, la Ciudad dará a conocer públicamente la decisión que se adopte y no antes “como sostiene el mismo señor Carracao, que parece abogar por la retransmisión en directo del expediente, como si de ello dependiera la defensa de los intereses de la Ciudad”. Desde el Gobierno se sigue defendiendo que la información “está y ha estado siempre a disposición de los partidos de la oposición, como ha podido comprobar el mismo secretario general del PSOE, cuando ha acudido a las dependencias municipales a solicitar el expediente”.
Sin embargo, el mismo Ejecutivo sí se quiere desmarcar del secretario general de los socialistas al indicar que “no entramos a valorar ni a interpretar los informes técnicos, sino que los respeta y asume en su toma de decisiones, de conformidad con las prescripciones legales, y al considerar que se trata de la mejor manera de defender los intereses de la Ciudad. Por ello, el Gobierno rechaza cualquier intento de manipular con fines partidistas estos informes y continuará trabajando en la resolución del expediente, siguiendo los criterios que marquen los técnicos, que será lo que determine la liquidación del contrato”.
Por último y también relacionado con Carracao, señala el comunicado de la Ciudad Autónoma que “estamos ante una cuestión contable y contractual respecto de la que el señor Carracao pretender sacar provecho político. No es la intención de este Gobierno, que persigue ante todo defender los intereses de la Ciudad. El señor Carracao no ha descubierto nada ni ha sacado a la luz ningún informe oculto, una vez se pone de manifiesto que la iniciativa en el procedimiento abierto está correspondiendo a la Administración”.
Carracao, extrañado con Urbaser
Una de las sorpresas que según Carracao se llevó al analizar las alegaciones presentadas por Urbaser al informe que en su día le remitió la Ciudad Autónoma es que no discute para nada esa petición que le hace el Gobierno para que justifique esos doce millones y medio de euros que se deducía del primer informe del técnico de gestión contable que habían cobrado de más. Siempre según el mismo secretario general de los socialistas, las únicas argumentaciones que había podido observar era que por parte de la antigua concesionaria de la limpieza se presentaba un informe realizado por la empresa KPMG donde analizaba "de manera amplia, pero sucede que en ningún momento ofrecen una cantidad alternativa a esos doce millones y medio de euros". Desde el punto de vista del mismo Carracao queda muy claro que confía en que la Ciudad Autónoma reclame a Urbaser las cantidades que en su día incorporaron al expediente y que ahora se han incrementado, según el segundo informe del técnico de gestión contable hasta los catorce millones y medio de euros. Incluso, también dentro de las alegaciones presentadas por Urbaser, indicó que no reclamaban para nada el millón trescientos mil euros que en su momento pedían a la Ciudad Autónoma para la entrega de la maquinaria cuando finalizó su contrato a finales de enero. Hay que recordar que en ese momento, el mismo ejecutivo se presentó en las instalaciones de la empresa y se hizo cargo de todo el material, alegando que era de su propiedad y que ya se había abonado a lo largo de los diez años del contrato.
El PSOE habla de más cobros
Carracao señaló en rueda de prensa que había ido al Ceuta Center a conocer el argumentario de la anterior adjudicataria del servicio y que se encontró con un segundo informe del técnico de gestión contable, el mismo que en su día señaló que la Ciudad había abonado doce millones y medio de euros de más por la maquinaria de Urbaser. En dicho dictamen, ha explicado Carracao, se eleva a 14,33 millones lo supuestamente desembolsado de más por la Ciudad Autónoma en concepto de amortización de maquinaria.Tal cantidad es el resultado de sumar a sus primeros cálculos “el 15% de gastos generales y beneficio industrial”.
El técnico contable también incluye una “valoración subjetiva” que el PSOE “comparte” en relación con el monto total abonado por “gastos de mantenimiento de los vehículos”, un apartado que el Gobierno entiende que no puede ser objeto de acreditación porque “corresponde a la parte del contrato que se gestiona a riesgo y ventura de la adjudicataria”.
Según el mismo, la Ciudad Autónoma abonó 11,2 millones por ITV, gasolina, seguros y otros conceptos similares, una suma que a su juicio “excede con creces” su coste real. El informe no precisa cuánto tendría que haberse pagado realmente pero el PSOE ya calculó hace unas semanas que entre el precio real y lo desembolsado podría haber de diferencia “unos 5 millones de euros”. Dice Carracao que “el Gobierno del PP ha querido dar esto por cerrado y no es así; hay que seguir adelante, caiga quien caiga, reclamando el dinero público y depurando responsabilidades políticas y técnicas”, ha exigido Carracao, que ha vuelto a pedir al Ejecutivo que encargue una auditoria general y exhaustiva sobre todo lo pagado a Urbaser.
clusiones provisionales del Ministerio Público, en el que solicita la condena de los acusados.
No fue la única ocasión en la que el representante de la Fiscalía hizo gala de su ironía, puesto que cuando se presentó ante el jurado les explicó el papel que juega el fiscal en el proceso. “Soy un funcionario de carrera y me paga el Ministerio de Justicia, creo que va a seguir pagando, no gano más ni por ganar ni por perder” este juicio, explicó el fiscal para defender que el Ministerio Público actúa en función de los criterios de imparcialidad y objetividad.
El abogado Luis García Navarro señaló en su intervención que está personado en el caso en representación de Juan Ignacio Zoido “como ciudadano”, pero el abogado de Mellet respondió argumentando que este caso tiene “raíces políticas” y recordó, sin citarlo expresamente, el ingreso en prisión del ex consejero de Empleo Antonio Fernández –que está citado como testigo en este juicio– tras su imputación en la investigación del fraude en las ayudas vinculadas a los ERE.
El ex director del Mercado central trató de pasar desapercibido en un juicio en el que figura como uno de los principales imputados y, para ello, se giró en su asiento cuando los fotógrafos accedieron a la sala de vistas para captar el inicio de la sesión. Aun así, los reporteros captaron su imagen.
