CCOO celebra que los becarios puedan ser dados de alta en la Seguridad Social, algo que ha conseguido el sindicato tras presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1.717/2011, que restringía la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a los jóvenes participantes en programas de formación vinculados a estudios universitarios o de formación profesional que conlleven contraprestación económica para las personas incluidas en los mismos.
La reforma de pensiones, nacida del Acuerdo Social y Económico (ASE), firmado por las organizaciones sindicales, empresariales y el Gobierno, en febrero de 2011, incluía una serie de medidas que mejoraban las carreras de cotización de jóvenes y mujeres. Una de ellas, era el reconocimiento del derecho a ser dadas de alta en Seguridad Social a las personas que participaban en programas de formación remunerados vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, tal y como recuerda CCOO en su página web.
Esta medida, que entró en vigor en noviembre de 2011, tuvo un primer resultado “inmediato y brillante”: en tan sólo un mes, 41.135 jóvenes becarios fueron dados de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, el Gobierno anterior, “tras ceder a las presiones de quienes desde la Administración educativa se oponían a la concreción de este nuevo derecho”, aprobó un nuevo Real Decreto, apenas dos semanas después de conocerse estos “espectaculares” datos iniciales de incremento de afiliación, excluyendo de este nuevo derecho a los estudiantes universitarios que realizaban prácticas externas.
“El resultado de esa corrección fue rápido, se detuvo el proceso de afiliación de jóvenes por esta vía y empezó a decrecer en los meses siguientes, anulándose la mitad de las altas iniciales hasta situarse en torno a las aproximadamente 20.000 personas becarias afiliadas”, añade.
CCOO reaccionó contra aquella medida presentando un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que ahora, a través de la sentencia de 21 de mayo de 2013, ha sido estimado por no haber recabado del Consejo de Estado opinión sobre esta modificación sustancial, y declara la nulidad de pleno derecho del Real Decreto impugnado y, con ello, restablece a su regulación originaria en octubre de 2011 el derecho pleno a ser dadas de alta en la Seguridad Social de todas las personas que, a través de becas, están integradas en estos programas formativos remunerados.
