La Guardia Civil llevó a cabo este jueves una de las operaciones más delicadas entre las desarrolladas en Ceuta desde que se produjo la entrada masiva.
Sobre la mesa está algo tan grave como saber si se pudo incurrir en prácticas tan extremas y delicadas para la seguridad en general como es dotar de material a inmigrantes con el que atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a los militares.
Las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil han venido avaladas por un juzgado que ha blindado cada uno de sus pasos, por eso sorprende leer críticas como las alusivas a la existencia de una campaña de criminalización contra las oenegés, irregularidades o falta de respeto a los derechos de los activistas, que son los mismos que los que tiene cualquier ciudadano. Derechos, pero también deberes.
Denuncian la forma en que se ejecutaron las entradas y registros, como si se exigiera a la Guardia Civil pedir cita para entrar en una vivienda.
Es tan grotesco como pretender cargarse de un plumazo el modo de proceder e investigar del Instituto Armado que, no olvidemos, tiene sus pasos ajustados a lo que dictamine la autoridad judicial.
Debatir sobre incursiones y operativas es indecente, impropio y representativo de quien ni siquiera entiende el papel encomendado y que, por tanto, deben ejercer las fuerzas de seguridad del Estado.
La operación realizada este jueves era importante, tanto que servirá para esclarecer si realmente se está ante unas prácticas gravísimas que chocarían con la labor humanitaria encomendada a las entidades sociales.
El auto del juez es claro: existen indicios suficientes para actuar. No lo dice la Guardia Civil, lo asevera el poder judicial, el que se debe respetar no a conveniencia, sino porque es el garante de que las cosas puedan hacerse de manera correcta, adecuada y justa.
El devenir de esta investigación determinará si existió una forma de proceder con los inmigrantes tan torcida, que chocaría directamente con lo que se espera de una oenegé. Y lo determinará respetando escrupulosamente la ley, pero defendiendo a una sociedad que tiene todo el derecho a saber si todo aquello que formaba parte de comentarios en redes sociales tiene al final un poso de certeza o no.
Es importante esta investigación, porque de la misma también deberá reorientarse la política de atención pública hacia estos colectivos.
La Guardia Civil no pega a la puerta de un sospechoso para pedirle permiso para hacer su trabajo; la Guardia Civil no pide cita a conveniencia de los investigados para irrumpir en sus propiedades anulando el factor sorpresa que garantice el éxito.
La Guardia Civil tampoco sigue campañas criminalizadoras contra oenegés, de hecho, son públicos los discursos ofrecidos en actos oficiales en los que el jefe de la Comandancia ha elogiado la labor de entidades como Cruz Roja.
Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Habrá que esperar al devenir de esta investigación para valorar todo este asunto en torno al que sin duda es uno de los operativos de mayor peso e interés de los llevados a cabo.
Claro, directo y contundente.
LA PURA VERDAD, y lo digo como jurista.