La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha este jueves solicitado formalmente a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre los protocolos y actuaciones de la administración española durante la crisis en Ceuta.
A través de un comunicado de prensa, el sindicato se ha referido a la advertencia hecha sobre el colapso de los servicios públicos debido a un déficit de personal crónico y denuncia un posible incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
Una delegación encabezada por su presidente, Miguel Borra, se ha trasladado a Bruselas para mantener reuniones con representantes de la Comisión.
Vulneración de directivas y reglamentos comunitarios
Desde CSIF han recalcado que la falta de recursos en la ciudad autónoma no responde a una situación coyuntural, sino a una deficiencia estructural y falta de planificación que compromete la seguridad y salud del personal público.
En su denuncia, el sindicato ha señalado posibles infracciones a la Carta de Derechos Fundamentales, la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, y la normativa sobre riesgos biológicos y tiempos de trabajo.
Asimismo, el sindicato ha apunta al incumplimiento de reglamentos clave en materia de fronteras y asilo:
- Código de Fronteras Schengen (Art. 15): obliga a los Estados miembros a disponer de personal y medios adecuados en número suficiente para el control de fronteras exteriores.
- Reglamento sobre 'Screening': vulneración del plazo límite de 3 días establecido para concluir el triaje.
- Reglamento Frontex.
Puntos clave de la investigación solicitada a la Unión Europea
El escrito presentado ante por CSIF ante el Parlamento Europeo también ha planteado el requerimiento de que se analice detalladamente la actuación administrativa y operativa en la plaza:
- Si España dispuso de personal y medios suficientes para garantizar el control fronterizo.
- La correcta aplicación de los procedimientos europeos de identificación, asilo y retorno.
- El déficit estructural de recursos destinados a Ceuta y la coordinación entre administraciones.
- Las actuaciones del Ministerio del Interior y el uso o no de mecanismos europeos de auxilio.
- La protección de los empleados públicos y los servicios esenciales.
Impacto crítico y degradación de los servicios públicos en Ceuta
El informe elaborado por CSIF ha expuesto, asimismo, una situación de extrema precariedad en los principales sectores de la administración:
- Seguridad y Orden Público: se califica de manifiestamente insuficiente el despliegue de la Unidad de Intervención Policial, que contó con solo 180 efectivos totales (60 por turno) para atender a 85.000 habitantes ante la entrada de 80.000 personas.
- Sanidad (Ingesa): sobrecarga extrema en urgencias hospitalarias y servicios forenses, sumada a la ausencia de protocolos de seguridad biológica ante el volumen de personas sin triaje inicial y fallecidos.
- Justicia y Prisiones: aumento inasumible de la carga de trabajo e indefensión de los funcionarios en actos fuera de la sede judicial. En el Centro Penitenciario, el aumento de la población reclusa amenaza con desbordar la capacidad operativa, por lo que se solicita limitar el número de internos.
- Emergencias y Centros de Menores: agotamiento psíquico en el personal de Salvamento Marítimo y Bomberos tras los rescates en el Tarajal, así como hacinamiento crítico en los centros de menores que pone en riesgo a las plantillas.
- Función Pública y RPT: CSIF denuncia la existencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) desactualizada e infradimensionada, con decenas de plazas dotadas presupuestariamente pero vacantes sin convocar, lo que genera un uso abusivo de la temporalidad (Directiva 1999/70/CE).
