Hay una cuestión que trasciende la inmigración, la política y las disputas partidistas. Es una cuestión de Estado: ¿qué responsabilidad tiene el Estado frente a Ceuta y frente a los ceutíes cuando una situación extraordinaria pone en peligro su seguridad, altera su vida cotidiana y desborda la capacidad de sus instituciones?
La respuesta debería ser evidente: toda la que corresponde al Estado que ha asumido el monopolio legítimo de la fuerza y la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y su territorio.
Los ciudadanos aceptamos que determinadas facultades que históricamente pertenecían a la comunidad sean ejercidas por el Estado. No nos defendemos individualmente de las amenazas exteriores; confiamos esa función a las instituciones. No protegemos por nuestra cuenta las fronteras; confiamos en quienes tienen legalmente atribuida esa misión.
Pero esa transferencia de poder tiene una condición esencial: el poder se entrega para proteger, no para abandonar.
Lo sucedido en Ceuta el 30 de julio ha puesto esa responsabilidad a prueba. Más de 70.000 personas entraron irregularmente en la ciudad en un episodio sin precedentes por sus dimensiones. Un mes después, miles permanecían todavía en Ceuta y la Fiscalía describía la situación como un “hito sin precedentes”, con los sistemas de protección de menores y otros servicios sometidos a una presión extraordinaria.
El propio Estado ha terminado reconociéndolo jurídicamente. El Real Decreto 681/2026 declaró el 25 de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, admitiendo que la afluencia masiva había superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana y estaba alterando el funcionamiento normal de las Administraciones.
Es un reconocimiento importante. Pero también plantea una pregunta inevitable: ¿Por qué hubo que esperar a que la realidad desbordara a Ceuta para reconocer lo que Ceuta ya estaba advirtiendo?
La responsabilidad del Estado no comienza cuando dicta un decreto. Comienza cuando existen indicios de que sus ciudadanos pueden encontrarse ante una situación extraordinaria.
Y aquí debemos ser claros. El Estado no puede limitarse a administrar las consecuencias de una crisis. Tiene que impedir que la crisis se convierta en normalidad.
La respuesta del Estado debe mantenerse dentro del marco de la ley, pero ello no puede significar que la dimensión excepcional de lo ocurrido quede reducida a una mera suma de situaciones individuales. La responsabilidad de cada persona deberá determinarse conforme a sus propios actos y circunstancias, pero la respuesta frente al fenómeno colectivo corresponde al Estado, que tiene el deber de proteger a la ciudad y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Pues una cosa son los derechos individuales y otra la obligación colectiva del Estado de proteger una ciudad y restablecer el control efectivo de su territorio.
La solidaridad del Estado no puede consistir en pedir a los ceutíes que sean permanentemente los sacrificados.
Y aquí aparece la cuestión más profunda.
¿Puede una sociedad exigir el cumplimiento de sus obligaciones al poder que ella misma ha constituido?
La respuesta es sí.
La Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. El poder del Estado, por tanto, no es propiedad de quienes temporalmente lo ejercen. Es un poder delegado para servir al interés general.
Cuando ese poder funciona correctamente, la ciudadanía confía en las instituciones.
Cuando funciona deficientemente, la ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades.
Y cuando la respuesta pública es insuficiente, la ciudadanía no pierde su soberanía ni su capacidad de actuar políticamente.
Lo que significa exactamente utilizar con mayor intensidad todos los instrumentos democráticos y constitucionales de los que dispone una sociedad libre.
Manifestarse, Asociarse, Organizarse, Reclamar, Acudir a los tribunales, Exigir responsabilidades políticas, Solicitar investigaciones, Presionar institucionalmente, Reclamar ante las instituciones europeas, Exigir al Parlamento que controle al Gobierno, Y, sobre todo, no aceptar que la inacción del poder público se convierta en una situación irreversible.
La ciudadanía puede recuperar el ejercicio político de aquello que ha delegado sin recuperar la violencia que precisamente decidió entregar al Estado. Ésa es la diferencia entre resistencia civil y desorden. La primera fortalece la democracia. El segundo la destruye.
Por eso los ceutíes no necesitan que nadie les enseñe a defenderse. Necesitan que el Estado recuerde por qué existe.
España tiene ahora mismo una situación de interés para la Seguridad Nacional declarada formalmente. El propio Real Decreto establece mecanismos de coordinación que incluyen Interior, Defensa, Inteligencia, Exteriores y la propia Ciudad de Ceuta.
Ya no hay excusa para seguir actuando como si Ceuta afrontara un problema exclusivamente local.
No lo es.
Es un problema de Toda España.
Y si es un problema de España, España debe asumirlo como tal.
Ceuta ha demostrado durante décadas su pertenencia a España. Ha soportado una frontera extraordinariamente compleja, ha contribuido a la defensa de la soberanía y ha mantenido la convivencia en unas condiciones que pocas ciudades españolas conocen.
Ahora corresponde al Estado demostrar que esa pertenencia no es solamente una declaración constitucional. Porque un Estado no demuestra su fortaleza cuando pide obediencia a sus ciudadanos.
La demuestra cuando cumple aquello para lo que los ciudadanos le entregaron su poder.
Y si Ceuta ha llegado al límite de su capacidad, el Estado no puede pedirle más sacrificios.
Debe actuar. Debe proteger. Debe recuperar el control. Debe garantizar la seguridad.
Debe restablecer la normalidad. Y debe hacerlo ahora.
Porque la legitimidad del poder no reside únicamente en tener la autoridad para mandar.
Reside, sobre todo, en cumplir la obligación de proteger a aquellos en cuyo nombre se ejerce esa autoridad.
Y Ceuta tiene derecho a exigirlo.
El Estado recibió de los ceutíes la responsabilidad de defenderlos. Ahora le corresponde demostrar que sigue siendo digno de esa confianza.
La legitimidad se mantiene cuando el poder cumple la función para la que fue constituido.
Y la responsabilidad del Estado frente a Ceuta es clara: proteger su territorio, garantizar la seguridad y libertad de sus ciudadanos, preservar sus servicios públicos y cumplir con todas sus obligaciones como Estado.
