La decisión de la Ciudad Autónoma de Ceuta de personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional por la entrada masiva de finales de julio es un paso adelante y una decisión que debe ser bienvenida.
No se trata de anticipar responsabilidades ni de interferir en la labor de la Justicia, sino de algo tan legítimo como que Ceuta esté presente en un procedimiento que afecta directamente a sus ciudadanos, a los ceutíes, a los que se les ha partido la roto el discurrir normal de sus vidas.
La ciudad tuvo que asumir durante aquellas jornadas una presión extraordinaria sobre sus servicios públicos, su seguridad y su vida cotidiana. Y las tiene que continuar asumiendo en la actualidad. Por eso resulta razonable que la Administración local quiera defender los intereses de los ceutíes y reclamar, si corresponde, las responsabilidades que pudieran derivarse de lo ocurrido.
La personación adquiere además un valor simbólico importante. Durante semanas, miles de ceutíes han tenido la sensación de que su voz quedaba perdida y diluida entre cifras, debates políticos y enfrentamientos institucionales. Con esta decisión, la Ciudad envía un mensaje claro: los perjuicios sufridos por Ceuta merecen ser escuchados y tenidos en cuenta en sede judicial.
Porque los efectos de aquella entrada masiva no terminaron cuando cesaron las llegadas. Sus consecuencias siguen presentes en la gestión de los servicios públicos, en la atención a los menores, en la seguridad y en la convivencia diaria. Ceuta ha soportado (y sigue soportando a día de hoy) una carga excepcional y tiene derecho a que esa realidad forme parte del procedimiento que busca esclarecer lo sucedido.
Pero defender a Ceuta también significa defender sus normas de convivencia y civismo. En estos días hemos conocido episodios como el del delfín atrapado por un grupo de inmigrantes en la playa del Trampolín o el de la oca que fue capturada en circunstancias preocupantes en uno de los pantanos. Son hechos concretos que no deben servir para criminalizar a todo un colectivo, pero que tampoco pueden ser normalizados. El respeto por los animales, por el entorno y por las reglas básicas de convivencia debe ser exigibe a todos, sin distinción.
La solidaridad y la atención humanitaria no están reñidas con exigir respeto. Ceuta puede y debe ser una ciudad acogedora, pero también una ciudad que hace cumplir sus normas y proteger a sus ciudadanos, su patrimonio natural y su forma de convivir. Cuando se producen conductas que chocan frontalmente con esos principios, la respuesta no puede ser la indiferencia.
Ahora corresponde a la Justicia determinar qué sucedió y quiénes pudieron tener responsabilidades en lo sucedido A Ceuta le corresponde defenderse. Y hacerlo dentro de las instituciones y con todas las herramientas que ofrece el Estado de Derecho es, precisamente, el camino adecuado.
La personación acordada por el Gobierno local y anunciada hoy no resolverá por sí sola los problemas derivados de la crisis migratoria, pero sí representa una actitud que muchos ciudadanos reclaman: que la ciudad no sea una una mera espectadora y pase a ser protagonista en la defensa de sus propios intereses y los de los ciudadanos que aquí vivimos.
