Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio fue, se diga lo que se diga, una auténtica invasión de 72.000 personas procedentes de Marruecos que entraron ilegalmente en territorio español en apenas 24 o 48 horas. No es una estimación de la oposición política ni una cifra aleatoria; es el dato oficialmente mantenido por el propio Gobierno. Una masa humana equivalente a casi toda la población de Ceuta atravesó la frontera desde Marruecos contraviniendo nuestras leyes, sin que España pudiera, supiera o quisiera impedirlo.
No debe esconderse la realidad detrás de eufemismos como «crisis migratoria», «entrada masiva» o «presión fronteriza». Estas calificaciones pueden ser cómodas expresiones administrativas, pero resultan insuficientes para describir la realidad, es decir, que 72.000 extranjeros entraron ilegalmente en una ciudad española en cuestión de horas. Si la palabra «invasión» conserva algún significado fuera del ámbito estrictamente militar, difícilmente puede encontrarse un supuesto que se le aproxime más.
Conviene también señalar dónde no estuvo el fracaso. Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas actuaron con los medios disponibles cumpliendo las órdenes recibidas. Ellos no fracasaron. Quien obedece no fracasa. El fracaso fue político y estratégico. El fracaso está en quien tiene la responsabilidad de prevenirlo, impedirlo y remediarlo. Tres semanas después, el triple fracaso continúa y sigue desplegando todos sus perniciosos efectos.
A pesar del tiempo transcurrido, Ceuta no ha recuperado su normalidad social. Miles de personas que entraron ilegalmente en España permanecen todavía en la ciudad, deambulando por calles, playas e instalaciones improvisadas y alterando gravemente la convivencia y la seguridad ciudadanas. Los servicios sanitarios soportan una presión extraordinaria y sectores económicos locales denuncian gravísimas pérdidas. A estas alturas, hablar de una emergencia ya superada significa desconocer la realidad.
Pero más grave que la persistencia de la crisis es la ausencia de una respuesta política adecuada que permita pensar que España ha aprendido algo de ella. Porque esta no ha sido la primera invasión.
En mayo de 2021 entraron irregularmente en Ceuta alrededor de 8.000 personas en dos días, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. España recibió entonces una advertencia inequívoca acerca de la vulnerabilidad de la ciudad cuando Marruecos decide relajar el control de su frontera. Cinco años después, la misma operación se ha producido, pero multiplicando los efectos del precedente. La invasión de 2021 pudo resultar inesperada; en la de 2026, el factor sorpresa ya no podía existir para una Administración diligente.
Y, después de la segunda, la obligación primordial del Gobierno debería ser explicar qué medidas ha adoptado para solucionarla e impedir una tercera. No basta con reforzar temporalmente el número de policías y guardias civiles. No basta con habilitar alojamientos, transferir fondos o distribuir menores entre comunidades autónomas. Todo ello es altamente insuficiente para resolver la situación de extrema gravedad que vive Ceuta. Pero ninguna de esas medidas responde a la pregunta esencial: ¿qué impedirá que, dentro de unos meses o unos años, vuelvan a concentrarse decenas de miles de personas al otro lado de la frontera y entren nuevamente en Ceuta?
Tampoco basta con repetir que «Marruecos coopera». La experiencia demuestra precisamente lo contrario. No colabora quien produce la acción, ya sea por activa o por pasiva. La seguridad fronteriza de Ceuta no puede depender de lo que Marruecos decida hacer en cada momento. Cuando sus fuerzas contienen los movimientos, la frontera funciona como tal. Cuando dejan de hacerlo, España comprueba que carece de capacidad —¿y de voluntad?— para impedir una entrada masiva. Eso constituye una vulnerabilidad estratégica de primer orden que en absoluto debe admitirse.
Después de 2021 debió elaborarse una política destinada a reducir esa dependencia. Después de julio de 2026, hacerlo resulta inaplazable. España necesita capacidad autónoma de protección fronteriza, planes de contingencia para entradas masivas, mecanismos jurídicos eficaces, una estrategia diplomática que establezca consecuencias ante el incumplimiento de las obligaciones de cooperación y una revisión completa de las condiciones de seguridad de Ceuta.
Sin embargo, nada permite apreciar una reacción proporcional a lo sucedido. El Gobierno parece paralizado aunque anuncie una coordinación que no se observa por ningún lado. Da por superada la crisis, pero la realidad lo desmiente. Gobernar no consiste únicamente en gestionar los daños después de que se produzcan. Consiste también, y sobre todo, en identificar por qué se produjeron y adoptar medidas para impedir que se repitan.
En 2021 entraron 8.000 personas. En 2026 han sido 72.000. La progresión debería bastar para tomarse el asunto muy en serio.
Una tercera invasión ya no podría atribuirse a la sorpresa —tampoco la segunda y, probablemente, ni siquiera la primera—, a las circunstancias ni a una imprevisible crisis migratoria.
Si después de dos advertencias de esta magnitud, el Estado continúa dependiendo de que Marruecos quiera mantener cerrada su frontera y el Gobierno no adopta medidas estructurales para garantizar la seguridad de Ceuta, la siguiente crisis tendrá una responsabilidad difícil de eludir.
Después de 2021 pudo haber pasividad ante lo previsible. Después de julio de 2026, la inacción podría ser considerada ya una decisión consciente.
