Hay momentos en los que las instituciones tienen la oportunidad de demostrar que los principios de igualdad, mérito y capacidad son mucho más que palabras recogidas en la Constitución. Y también hay momentos en los que sus decisiones generan precisamente el efecto contrario: sembrar la duda sobre si esos principios se aplican por igual en todos los procesos selectivos.
Esta semana hemos conocido que el Gobierno de la Ciudad propondrá la anulación de las oposiciones de Obimasa con el argumento de proteger la transparencia y garantizar la igualdad de oportunidades. Es una decisión que, si responde a la necesidad de preservar la confianza en el acceso al empleo público, resulta comprensible.
Pero precisamente por eso surge una pregunta que ningún responsable político debería eludir:
¿Por qué Obimasa sí y las oposiciones de Bomberos no?
Porque si existe un proceso selectivo que ha estado rodeado de polémica desde prácticamente su inicio, ese ha sido el de Bomberos.
No hablamos de rumores ni de comentarios de pasillo. Hablamos de un procedimiento cuya evolución puede seguirse a través de las bases de la convocatoria, las resoluciones oficiales, las publicaciones del tablón de anuncios y las numerosas noticias aparecidas durante más de un año.
Un proceso que ha acumulado retrasos, reclamaciones, recursos, modificaciones, controversias públicas y un silencio institucional que, lejos de aportar tranquilidad, ha incrementado la desconfianza entre los opositores y en una parte importante de la ciudadanía.
Las bases regulaban con detalle el reconocimiento médico, las pruebas físicas y el sistema de reclamaciones. Sin embargo, el desarrollo del procedimiento terminó convirtiendo precisamente el reconocimiento médico en el principal foco de controversia.
Durante meses el proceso permaneció prácticamente paralizado en esa fase. Los opositores vieron cómo pasaban las semanas y los meses sin una resolución definitiva, mientras se sucedían recursos y nuevas actuaciones. La propia cobertura informativa refleja que el procedimiento llegó a permanecer bloqueado durante un largo periodo por cuestiones relacionadas con los reconocimientos médicos.
Especialmente llamativo resulta que, según las reclamaciones formuladas públicamente por aspirantes, un mismo opositor tuviera que someterse en distintas ocasiones a actuaciones médicas antes de obtener una decisión definitiva. No corresponde a los ciudadanos prejuzgar la legalidad de esas actuaciones, pero sí exigir que cualquier medida excepcional en una fase eliminatoria de una oposición pública esté plenamente motivada, documentada y explicada.
Porque la transparencia no consiste únicamente en actuar conforme a Derecho.
Consiste también en demostrar, de manera clara e inequívoca, que todas las decisiones adoptadas responden exclusivamente al interés general y al estricto cumplimiento de las bases.
A ello se añaden otras controversias surgidas durante el procedimiento. Aspirantes han denunciado públicamente que en determinados llamamientos para las pruebas físicas se exigieron elementos o condiciones que, a su juicio, no figuraban expresamente recogidos en las bases de la convocatoria y que podían tener consecuencias excluyentes. Cuando una oposición pública genera este tipo de reclamaciones, la Administración no puede limitarse al silencio. Tiene la obligación de ofrecer explicaciones claras, completas y accesibles para todos.
Porque el acceso al empleo público exige algo más que legalidad.
Exige confianza. Y esa confianza, desgraciadamente, se ha ido deteriorando a medida que avanzaba este proceso.
Muchos ciudadanos se preguntan hoy si la decisión más prudente no habría sido retrotraer el procedimiento precisamente cuando comenzaron las incidencias en el reconocimiento médico. Cuando una fase tan decisiva empieza a generar controversias continuadas, cuando aparecen recursos, cuando el procedimiento permanece bloqueado durante meses y cuando las dudas no dejan de crecer, quizá lo más razonable habría sido detener el proceso y reiniciarlo con todas las garantías, antes de llegar al punto en el que nos encontramos hoy.
Sin embargo, esa decisión nunca llegó.
Hoy nos encontramos con un proceso prácticamente concluido y con plazas adjudicadas provisionalmente, mientras las dudas siguen siendo objeto de debate público.
Y es precisamente ahora cuando la comparación con Obimasa resulta inevitable.
Si el Gobierno considera que unas oposiciones deben anularse para preservar la confianza ciudadana, ¿por qué no aplicó ese mismo criterio cuando las oposiciones de Bomberos comenzaron a acumular incidencias?
¿Qué diferencia objetiva existe entre ambos procedimientos?
¿Qué razones justifican que uno deba empezar de nuevo y el otro continúe hasta su finalización?
Son preguntas legítimas.
Preguntas que no nacen de la confrontación política, sino de la necesidad de que todos los ciudadanos perciban que la Administración actúa con el mismo rigor, la misma exigencia y el mismo criterio en cualquier proceso selectivo.
Por eso queremos dirigirnos a todos los grupos con representación en la Asamblea de Ceuta.
Al Partido Popular, porque gobierna y es el máximo responsable del funcionamiento de la Administración.
Al PSOE, que ha reclamado públicamente mayor transparencia en este proceso.
Al MDyC y a Vox, como representantes de la oposición y garantes del control institucional.
Y especialmente a Ceuta Ya!, que ha mostrado una firme defensa de la anulación del proceso selectivo de Obimasa para proteger la limpieza del acceso al empleo público.
Si el criterio es defender la transparencia, la igualdad y la confianza ciudadana, ese criterio debe aplicarse exactamente igual en todas las oposiciones.
No puede haber una transparencia para Obimasa y otra para Bomberos.
No puede haber una vara de medir para unas oposiciones y otra distinta para otras.
Porque cuando las instituciones reaccionan de forma diferente ante procesos que generan dudas públicas, es inevitable que la ciudadanía se pregunte cuál es la razón de esa diferencia de trato.
No afirmamos que exista una respuesta determinada.
Lo que reclamamos es que se explique.
Que se expliquen los motivos por los que un procedimiento se propone anular y otro no.
Que se expliquen las decisiones adoptadas durante el proceso de Bomberos.
Que se expliquen los largos periodos de paralización.
Que se expliquen las actuaciones excepcionales desarrolladas durante el reconocimiento médico.
Que se explique por qué tantas reclamaciones han quedado envueltas en un silencio administrativo que no contribuye precisamente a reforzar la confianza de los ciudadanos.
La igualdad no puede depender del nombre de la empresa pública.
La transparencia no puede depender del impacto mediático.
Y la defensa del empleo público no puede depender del interés político que despierte cada convocatoria.
Las plazas públicas no pertenecen a ningún gobierno.
¡Pertenecen a todos los ciudadanos!
Y precisamente por respeto a quienes han dedicado años de esfuerzo, sacrificio y preparación, las oposiciones deben ser incuestionables.
Porque cuando la confianza desaparece, nadie gana.
Pierden quienes obtienen una plaza, porque su mérito queda injustamente cuestionado.
Pierden quienes no la obtienen, porque dudan del procedimiento.
Y pierde, sobre todo, la credibilidad de las instituciones.
La transparencia no admite excepciones.
La igualdad tampoco.
Y si de verdad queremos recuperar la confianza de los ceutíes en el acceso al empleo público, ha llegado el momento de aplicar un único criterio para todos los procesos selectivos, sin diferencias, sin silencios y sin dobles raseros.
Si se anula una, se anulan todas.
