Serían cuatro las tesis diplomáticas -más que máximas y alguna con vocación de doctrina internacional- que en materia de controversias territoriales, configuran la tetrarquía operativa del accionar exterior de España.
A pesar de contar con unas credenciales sobresalientes o quizá por eso mismo, España a veces da la impresión de tener más dificultades que otros países similares para gestionar y hasta para localizar e incluso para identificar el interés nacional.
Aunque procedimentalmente dubitativa, esta máxima antes que tesis, resulta tan evidente que no parece requerir de ulterior comentario. Tal vez, pero tampoco por obvio, habría que nominalizar los actores responsables/irresponsables de tan ominosa dinámica
Hasta que España no desbloque o al menos, encauce en grado bastante, su en verdad harto complicado expediente de litigios territoriales, no habrá normalizado de manera ortodoxamente suficiente su situación internacional, volviendo a ocupar en el concierto de las naciones el puesto que correspondería a la que fue primera potencia a escala planetaria y cofundadora del derecho internacional al más noble de los títulos, la introducción del humanismo en el derecho de gentes.
Son seis las controversias territoriales españolas, tres contenciosos, Gibraltar, el Sáhara Occidental, y Ceuta y Melilla e islas y peñones; y tres diferendos, Perejil, Las Salvajes y Olivenza, que constituyen el tema clásico, histórico, recurrente e irresuelto, aunque no irresoluble de la política exterior de España.
En los diferendos, unas recientes manifestaciones desde Portugal han vuelto a proyectar a la arena diplomática la cuestión de Olivenza, reclamando la villa que fue portuguesa desde el tratado de Alcañices de 1297 -y tras varios cambios de soberanía, hoy es española- apoyándose en el Congreso de Viena de 1815: “ante las especiales circunstancias que concurrieron y por tanto la justeza de la reclamación lusitana, España debe devolverla a Portugal”. Mientras que, para Madrid, tras la guerra de las Naranjas, Lisboa cedió la villa a los españoles por el tratado de Badajoz, de 1801, resultando incuestionable que Olivenza jurídicamente es española y como precisa el colegio de abogados de Badajoz, ningún tribunal concluiría en contrario. A fin de superar la por lo menos incómoda situación, hasta cartográficamente Portugal elimina en sus mapas la frontera de la zona con el país vecino, el diferendo debería de incluirse en su ámbito natural, en las relaciones de (buena) vecindad, que con Portugal como con Iberoamérica, tienen que ser las mejores, y que además permitiría coadyuvar al gran tema internacional pendiente, un poderoso lobby iberoamericano en Naciones Unidas, nosotros hemos propuesto, con la debida suavidad, la celebración de un referéndum que según están las cosas, parece, con fundamento, que arrojaría color español.
También con Portugal el diferendo de Las Salvajes, un pequeño archipiélago de 2,73 kms², más cercano a las Canarias, 165 kms, que a Madeira, 280, región autónoma de la que dependen, descubierto en 1438 por Diogo Gomes de Sintra y en el que un ágil y calculador servicio exterior lusitano y menos condicionado que el nuestro, primero cuando en 1938 la Comisión Permanente de Derecho Marítimo Internacional emitió un dictamen favorable a Portugal con España inmersa en la Guerra Civil, esto es, sin poder defenderse adecuadamente, y definitivamente como ha señalado José Manuel Lacleta, al parecer como peaje ante la tradicional alianza Reino Unido-Portugal y a fin de la integración total española en la estructura militar de la OTAN, consiguió en 1997 la renuncia de Madrid a los derechos en superficie. Siempre al parecer, el diputado PSOE Rafael Estrella interpeló al entonces ministro socialista de Defensa, exento del servicio militar por sus pies planos, que “tal vez España se había dejado algunas plumas”, a lo que el ministro Narcis Serra respondió que no. Más tarde, como yo había mantenido correspondencia profesional con el diputado y vicepresidente de El Elcano y embajador político en Buenos Aires, le pregunté si se había producido el incidente y en qué términos, pero, después de destacar la documentalidad de mis escritos, “que en otras instituciones no tienen” o algo así, me respondió también por escrito, “ha pasado mucho tiempo y ya no lo recuerdo”.
Queda pues la controversia circunscrita a la naturaleza de las islas, habitables según Portugal o no, tesis española más aceptable por su impracticable habitabilidad, y por ende, aunque por supuesto reconociendo el derecho a su mar territorial, cuestionando la extensión y de manera previa la propia existencia de la Zona Económica Exclusiva en las ricas aguas circundantes, que han vuelto al campo controversial por la incidencia de terceros, a causa de las disposiciones unilaterales de Rabat sobre aguas jurisdiccionales, que tocan las canarias y las saharauis.
Se impone, por tanto, sentar a la mesa de negociaciones a la diplomacia lisboeta, habitualmente capaz sin acudir a la comparativa, desde el histórico tratado de Tordesillas, en el que más impuestos en la materia ganaron Brasil. España no debe demorar más la negociación sobre todas nuestras aguas territoriales, mediterráneas y atlánticas, lo que está sin hacer, y ahí por supuesto abordar las de Las Salvajes.
La disección de Perejil, comporta ante todo, insistimos, que existe un mejor derecho de España, no un único, pero sí un mejor derecho, lo que faculta para sostener que no se debieron de aceptar las tablas, la vuelta al statu quo ante, es decir, la desmilitarización, la tierra de nadie. “España posee argumentos históricos y jurídicos (recogidos junto con las vertientes humana y administrativa, en mis publicaciones), para reclamar la soberanía española sobre la isla”, mantiene Dionisio García Flórez, el primero que alertó de que podía ocurrir un incidente ante la ausencia de ejercicio de soberanía. Y por otra parte, opinamos que se debió de acudir a la diplomacia regia, en lugar de a mediaciones ajenas por efectivas que fueran, que lo fueron, envueltas en el despectivo “islote estúpido”, del secretario de Estado, Colin Powell.
En el Sáhara Occidental, un Rabat exultante, continúa sumando en este 76 las adhesiones de distintos estados y organizaciones a su tesis de autonomía para el Sáhara, como la más creíble y realista para la solución de la controversia, comenzando por Estados Unidos, Francia o España. Aquí se impone partir, de manera vinculante, del acuerdo entre las partes, sin el cual no existe solución, así de sencillo. Y después, la materialización de esa entente, en la que hay que dejar a la bien probada imaginación árabe, tantas veces patentada, la conclusión, en la que ya poco factible, en el obligado eufemismo, el referéndum preceptuado por Naciones Unidas, nosotros nos adherimos a la partición que formuló Kofi Annan en tercer lugar de cuatro. Ni Rabat va a ceder más, porque implicaría un golpe de Estado, esta vez definitivo contra el trono, el final de la dinastía alauita; ni el Polisario puede aceptar menos, ya que se podría diluir en la gran autonomía que ofrece Rabat, la entidad saharaui, se podría difuminar la memoria de los hijos de la nube, se extinguiría la RASD.
Desde la técnica diplomática, desde su asepsia, la salida mejor que la solución, como en Ceuta y Melilla, radica en la realpolitik, variable cuestionable pero resolutiva, que obedece a dos servidumbres en diplomacia, las imperfecciones de la política exterior y las insuficiencias del derecho internacional, al tiempo de responder a la lógica diplomática, otro concepto clave y evidente.
Como cuento siempre, hace casi medio siglo que fui el primer y único diplomático allí desplazado para ocuparme de los 339 españoles que tras nuestra salida quedaron en el territorio, a los que censé, en lo que quizá fue una de las más relevantes operaciones de protección de compatriotas del siglo XX. Mientras Rabat, a través de su cónsul en Las Palmas, no se recataba en inquirir que por qué viajaba yo al Sáhara. Hay un refrán del desierto, siempre invocable: “habla a quien comprenda tus palabras”.
Rabat nunca va a ceder en su reivindicación histórica sobre Ceuta y Melilla e islas y peñones, principio programático e indeleble del ideario alauita para la consecución de la Madre Patria, sustentada además por las máximas alauitas de “la lógica de la historia” y “el tiempo hará su obra”.
Pero este contencioso, el más delicado y complicado que tiene España, lo mueve el vecino del sur por otras vías, que en más de una ocasión planean sobre la heterodoxia híbrida, incluyendo desde la retorsión a las represalias o la retirada de la embajadora, ante la hipostenia de la posición y el animus hispánicos, pero sin que hayan refulgido los sables. Aquí vamos a señalar que tampoco -va de sí que en horizontes contemplables- contarán las ciudades españolas con la cobertura formal de la OTAN. Pero además de la falta de cobertura formal y a pesar de las doctrinas de las intervenciones fuera de zona, la alianza Rabat/Washington, la más antigua y más firme estratégica en el mundo árabe, podría atenuar en su caso los efectos en grado indeterminado, pero con entidad propia, de las intervenciones fuera de zona.
Ya he insistido en que la salida, mejor que la solución, de futuro, no próximo, podría venir en el Estatuto de Territorios Autónomos por la autodeterminación de sus habitantes, principio fundamental de cualquier derecho internacional que se proclame moderno.
Y Gibraltar. Ya hemos repetido a diestro y siniestro, como en el Sáhara, ad nauseam administrativa, que el desarrollo de los acuerdos de la Nochevieja del 2020 - Acuerdo entre la UE y Reino Unido, sobre el que España tiene derecho de veto- hacia la prosperidad compartida, con la apertura de la verja, que prosiguen ahora ya en la fase de las firmas y ratificaciones hacia la consumación del desaguisado, no alteran ni un ápice nuestras reiteradas consideraciones, puesto que desvían el iter ya de por sí sinuoso, con demasiadas curvas, recovecos y recodos, que conduce a la llave que pende de la puerta del castillo del pabellón gibraltareño, a la descolonización, más que oficializada por Naciones Unidas y refrendada por la Unión Europea. Gibraltar es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, que rompe la integridad territorial de un país, aliado y socio, la última colonia en Europa y tierras aledañas, nótese que el más próximo territorio a descolonizar es el Sáhara, y se requiere actuar en consecuencia ante los británicos: “A Ynglaterra metralla que pueda descalabrarles”, esculpió el conde de Gondomar, el embajador más positivamente activo que hemos tenido ante la corte de San Jaime. Y eso que Albión no había tomado todavía el Peñón.
La necesidad imperiosa, irrenunciable y casi ontológica, de proseguir a la búsqueda de un lobby iberoamericano cuyas potencialidades se dirían inconmensurables, que permitirían a España volver a ocupar el puesto que le corresponde en el mundo diplomático, al tiempo de cooperar a vertebrar el subcontinente iberoamericano desde coordenadas adecuadas e impostergables, conformando un espacio de acción común, que se traduciría en un bloque operativo ante entes supranacionales, constituyendo un formidable aparato diplomático.
Un organismo de primer nivel, que englobe a España, Portugal, las Repúblicas Iberoamericanas, y Andorra, más una serie de observadores y aspirantes a integrarse, lo que debería materializarse este año, en la Cumbre de noviembre en Madrid, comenzando por los siete países lusófonos, que todavía no son parte, miembros de la Comunidad de Pueblos de Lengua Portuguesa, creada en 1996.
(En julio del 91 se inauguraron en la Guadalajara mexicana las Cumbres Iberoamericanas, con el objetivo de recordar, reactivar y reactualizar la existencia de una comunidad vertebrada por el magnífico cuádruple eje de la lengua, le cultura, la religión y la historia, punto que procede de esta tesis y enlaza con la siguiente.)
España no se pronuncia, por no proceder, sobre sucesos acaecidos hace siglos, que asume naturalmente en lo que corresponda, pero que no valora por la insalvable diferencia de tiempos.
Termina de volverse a lanzar a la palestra la Leyenda Negra anti española, en la que unas declaraciones de Felipe VI, acerca de los innegables excesos cometidos. siempre inferiores a la excelsa obra realizada, han motivado que se levantara una considerable polvareda sobre un tema recurrente, a sólo meses de la celebración de una nueva Cumbre Iberoamericana, en noviembre, en Madrid.
No hay que ser un Mettternich para concluir en la inconveniencia de las discusiones históricas en política exterior. Y ello es tan evidente que podría constituir una ley si no matemática desde luego que sí diplomática.
Celébrese la Cumbre sin adicionales dialécticas e intente Madrid, tarea asaz complicada, atenuar el déficit que presenta nuestro papel en Iberoamérica, sometido a un progresivo declive, casi ineluctable hiperbolizaríamos de seguir así las cosas, lo que es por supuesto corregible, en el relevante aunque poco operativo foro de las Cumbres, que en su iter hacia la intrascendencia si el proceso no se encauza, lo que es enmendable repetimos, hace recordar que a la pasada Cumbre, en Ecuador, sólo asistieron cinco jefes de Estado.
Y el gobierno español, con SMER a la cabeza, tendrá a bien aquilatar si se aprovecha para proclamar, incluso en tono menor, rayano si así se estimara oportuno hasta por prudencia diplomática – la técnica de la diplomacia regia cuyo basamento, va sin decir, ha de conciliar en primera instancia, el interés nacional con la prudencia diplomática- hasta con una declaración por muy sotto voce que fuera –“…y el andar sin que se note”, que dijo san Juan de Ribera y recordaba Castiella- la doctrina anteriormente reseñada, porque ya es tiempo de que Madrid instaure esa praxis y se eleve a doctrina internacional.
