Los sindicatos muestran su escepticismo ante la aportación farmacéutica

La entrada en vigor este domingo del Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, ha traido consigo un aluvión de críticas procedentes de las centrales sindicales del área sanitaria ceutí. El hecho de que los ciudadanos paguen cuando retiren de la farmacia un medicamento prescrito por su médico en función con su nivel de renta supone, según el delegado del ramo en Comisiones Obreras, Ángel Lara, “un mazazo para las familias que cuentan con menores recursos económicos”. Lara considera, en este sentido, que la aplicación del Real Decreto “se ha realizado de forma atropellada y en la peor época posible: el verano, cuando mucho personal está ya de vacaciones”.
El delegado de sanidad en UGT, Eduardo Ordóñez, ha señalado que el nuevo sistema de aportación farmacéutica “es un atraco a mano armada” porque “no es posible que una caja de Nolotil y otra de un antibiótico puedan costar siete euros”. Ordóñez ha añadido que “para las personas con escasos recursos económicos va a suponer un esfuerzo muy considerable”. También se ha referido el sindicalista a los pensionistas a quienes, según él, “les va a costar comprender que después de toda una vida contribuyendo y sin contar con pensiones elevadas tengan que desembolsar una cantidades que, en muchos casos, no van a poder afrontar”.
Por su parte, el secretario general del sindicato de enfermería (SATSE) en Ceuta, Emilio Barrientos, se muestra más cauto, aunque reconoce que la medida no está exenta de polémica. Barrientos ha explicado que el nuevo método lleva aparejada “inquietud entre la población, en general, porque es demasiado farragosa”. Barrientos ha declarado que “será el tiempo el que determine si se trata de una medida efectiva que realmente supone un ahorro o si, por el contrario, ha sido una equivocación”.

La aportación, en función del nivel de renta del usuario

Las personas que ostenten la condición de pensionista abonarán el 10% del precio de venta al público (PVP) del medicamento. Aquellos con renta inferior a 18.000 euros anuales aportarán hasta 8 euros mensuales; los que cuenten con una renta establecida entre 18.000 y 100.000 euros, pagarán un máximo de 18 euros mensuales; y aquellos con renta anual superior a 100.000 euros desembolsarán hasta 60 euros. Las personas con condición activa en el INSS abonarán el 40% del PVP, si su nivel de renta se encuentra por debajo de 18.000 euros anuales; si éste se sitúa entre 18.000 y 100.000 euros anuales, pagarán el 50% y, si supera los 100.000 euros de renta, abonará el 60% del PVP. Los usuarios exentos de aportación económica son los afectados por el síndrome tóxico, personas con discapacidad, parados de larga duración y aquellos que perciben rentas de integración social y pensiones no contributivas.