La seguridad es una percepción que está construida sobre aspectos objetivos y subjetivos, siendo estos últimos los que explican que un mismo contexto reciba diferente interpretación.
A pesar de lo que interesadamente se viene defendiendo por el Gobierno, debe aclararse cuanto antes que todo lo que se refiere a la defensa tiene que ver con la seguridad; pero que lo contrario dista mucho de ser cierto. Las sociedades avanzadas materializan la mayor parte de las transacciones financieras y los flujos afectivos o comunicacionales en el ciberespacio. La protección de ese tráfico es una necesidad de seguridad nacional; pero no de defensa, sin que esto quiera decir que las Fuerzas Armadas no tengan sus propias necesidades en ese ámbito.
No cabe, por tanto, contabilizar la ciberseguridad social o la lucha estatal contra el cambio climático entre los gastos de defensa.
El ciudadano debe estar alerta ante estos intentos de contabilidad imaginativa que, sin añadir un ápice a las capacidades de los Ejércitos, tendrán el efecto de contaminar todo el debate. El Plan Industrial y Tecnológico presentado por el Gobierno en abril valoró en 10.471 millones de euros (M€) el incremento necesario para que el esfuerzo nacional en defensa alcanzase el 2 % del PIB ya acordado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 2006, lo que sería ratificado unos años después en la cumbre de Cardiff (Escocia). De ese incremento, solo 6.434,6 M€ reforzarán capacidades de las FFAA. Otros 965,1 M€ se destinarán a tecnologías de doble uso. 3.071,3 M€ más se irán en inversiones que no tienen nada que ver con la defensa.
La primera obligación de una sociedad madura es enfrentarse responsablemente a los hechos. La accesión de España a la OTAN y a la Unión Europea (UE) obligaba a aceptar como propias las inquietudes de seguridad del resto de aliados en una (art. 5 del Tratado de Washington) y en la otra (art. 42 del Tratado de Lisboa). Algo tan elemental como que la capacidad de ambas organizaciones se construye sobre las individuales aportadas por cada nación nunca fue bien entendido aquí, estando la contribución militar española siempre presidida por una indecorosa cicatería.
El Tratado de Washington se firmó en 1949. A principios de la década siguiente, la OTAN publicó sus primeros criterios para medir el esfuerzo en defensa de los aliados, que iría actualizando. Hoy son referencia obligada para la mayor parte de las organizaciones que se preocupan de estos temas. Con esos criterios, son gastos de defensa (GD), además de los propios de las Fuerzas Armadas, los generales de funcionamiento de la Alianza, las pensiones de retiro o jubilación del personal militar o civil al servicio de la Administración militar, los de investigación y desarrollo y, por último, la asistencia militar o financiera a un país aliado.
En otros países podrían incluirse ciertos gastos debidos a fuerzas policiales; en España, no. La OTAN introdujo sabiamente aquí algunos requisitos para evitar marrullerías contables, como que estén adiestradas en tácticas militares, equipadas como una fuerza militar o que puedan actuar bajo autoridad militar en operaciones. A pesar de lo que se oye o lee con frecuencia, ninguna unidad de la Guardia Civil recibe adiestramiento militar. Y por supuesto, el equipo y armamento de los agentes es el necesario para el desempeño de sus funciones como garantes de la ley, únicas que justifican su despliegue en el exterior.
Con esos criterios internacionalmente reconocidos, España gastó en 2024 la cantidad de 23.091 M€, pasando en términos porcentuales del 1,28 estimado por la OTAN al 1,45 del PIB. Pero aquí ya está todo; y a pesar de que estos cálculos sean más benevolentes con la deslucida posición nacional, lo cierto es que ese año España dejó de contribuir a la seguridad aliada con otros 8.771 M€ más, que es lo que hubiera correspondido añadir de acuerdo con la regla del 2 % pactada por los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en 2014, hace ya más de diez años.
"Los criterios OTAN habían puesto el foco en los recursos financieros, declinando medir el cómo, lo que se adquiriese con tales recursos. Eran otros tiempos"
Las propuestas de incremento del gasto utilizando fórmulas imaginativas o de virtuosismo financiero están condenadas al fracaso. Solo ayudarán a consolidar la impresión de que España es un país que, por razones exclusivamente domésticas, exhibe una contumaz insolidaridad presupuestaria.
En la OTAN, a EE.UU. ya se le agotó la paciencia, y en el peor momento; la UE, sin embargo, es muy consciente de que está en una encrucijada existencial. Lo de EE.UU. viene de lejos, y no fueron presidentes republicanos los que empezaron a tocar a rebato. Ambas organizaciones son muy conscientes de que, contra todo pronóstico, no todos los gastos de defensa sirven para defendernos. Una cuestión que suele pasar desapercibida y que merece alguna reflexión.
En el presupuesto vigente en 2024 ―y todavía hoy―, la función defensa tiene consignados 12.827 M€. Una vez consolidado el presupuesto, tenidas en cuenta las transferencias entre subsectores, las incorporaciones de créditos, lo debido a otros ministerios y lo que resulta de la aplicación de los criterios OTAN, esa cantidad llegaba al final del ejercicio a la cifra de 23.091 millones ya anticipada, un 0,17 % más de lo estimado por la propia Alianza.
Sin embargo, los criterios OTAN habían puesto el foco en los recursos financieros, declinando medir el cómo, lo que se adquiriese con tales recursos. Eran otros tiempos. La consecuencia es que una parte muy importante de lo que se gasta en defensa no se traduce en capacidades militares. Ciertamente, lo que se paga en pensiones o ayudas a familiares y dependientes no sirve para defender a Ceuta o Melilla. Los tanques y misiles cedidos a los ucranianos para defenderse de Putin contabilizan entre nuestros gastos, contribuyendo sin embargo a la descapitalización del propio Ejército español. Los créditos que financian las intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias también incrementan los GD, ya que esos costes no se repercuten a las autonomías solicitantes del apoyo.
Todos esos conceptos de gastos no funcionales, y hay muchos más, se elevaron en el pasado ejercicio a la formidable cantidad de 8.815 M€. Los gastos funcionales, aquellos que, por el contrario, sí contribuyen a la defensa de los españoles, quedaron reducidos a 14.276 millones, un 0,89 % del PIB. Esto es lo que explica que, con esas cantidades, a nuestras Fuerzas Armadas les falte casi de todo. Todo aquello que se desatendió durante décadas de abandono, demasiadas, en las que aquí se careció de inquietudes de seguridad.
Así que nadie debería hacerse muchas ilusiones. Un 2 % del PIB, un incremento este año de más de 10.000 millones según las previsiones citadas, no dará para mucho más que para que los ejércitos recuperen sus constantes vitales. Y solo si se dedican a gastos funcionales, y no a fuegos de artificio como parece deducirse del Plan aprobado por el Gobierno.
Y esto es el meollo de lo que se acaba de pactar en La Haya con la explícita renuencia del presidente español, que ha sido ratificada en la rueda de prensa posterior. Con la vista puesta en 2035, todos los aliados deberán invertir ―al menos― el 3,5 % de su PIB en capacidades básicas de defensa, que es lo que la Alianza echa en falta. Otro 1,5 % del PIB, hasta completar el 5 % acordado, podrá dedicarse, ahora sí, a la seguridad, incluido en ello lo que precise la infraestructura y la resiliencia.
Menos España. Aquí se ha sacado pecho de lo conseguido mientras se maniobraba para no invertir en defensa siquiera eso que se considera imprescindible. Después de este obcecado alarde de insolidaridad, la apelación a la complicidad aliada ―cuando algo así desafortunadamente pueda ser necesario― será un mero y melancólico recurso literario.
Resumiendo, y aunque la interminable sucesión de escándalos de corrupción que se están conociendo impida un sereno debate al respecto, Europa no se está rearmando; se está armando después de décadas de una profunda irresponsabilidad, que no es exactamente lo mismo. Contraponer lo necesario a la defensa con lo que conviene a educación o sanidad, como hace frecuentemente el presidente del Gobierno, es una frivolidad que tiene su público ―y otras veces ha dado resultado―. Será en olvido de que esos servicios son básicos, muy cierto, pero no más que aquel otro bien, también público, con el que se pretende garantizar la libertad necesaria para disfrutarlos.
