El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta suspendió el juicio que enfrentaba a dos mujeres por un conflicto relacionado con un local comercial, debido a que la acusada ha negado la autenticidad de la firma que aparece en el contrato aportado como prueba.
Esta supuesta falsificación está siendo investigada en unas diligencias previas, por lo que el procedimiento principal no podrá continuar hasta su esclarecimiento.
El magistrado tomó conocimiento de esta circunstancia después de que ya hubieran declarado tanto la acusada como la denunciante. El juicio no pudo completarse, ya que aún faltaban por comparecer varios testigos importantes que podrían aportar contexto al conflicto sobre la posesión y uso del local.
Un local de estética y peluquería
Los hechos giran en torno a un establecimiento de estética y peluquería que ambas compartían. Durante una baja médica de la denunciante, la acusada habría realizado obras sin consentimiento y, supuestamente, impidió que la otra parte accediera de nuevo al local.
El Ministerio Fiscal pide en su escrito inicial que la acusada sea condenada por un delito de coacciones, mientras que la Acusación exige que lo sea por coacciones continuadas y un delito de realización arbitraria del propio derecho.
La Defensa, por su parte, pide la absolución.
Versión de la acusada: contrato falso y obras autorizadas
La acusada sostiene que el espacio fue alquilado de manera verbal y que el contrato presentado fue falsificado por la denunciante. Asegura que ambas tenían un acuerdo verbal previo.
Según declaró, cuando finalizaron las obras, el jefe de obra le entregó las llaves, ella se quedó con unas, otras para la empleada y las últimas las dejó en un cajón por si la denunciante quería acceder.
Afirma que siempre fue consciente de que se estaban haciendo reformas en el establecimiento, e incluso participó en la decisión de que debía dejar el espacio.
La acusada explicó que la denunciante comenzó a trabajar en 2021, pagando 350 euros mensuales, aunque el acuerdo inicial era por 400.
La defensa insiste en la falta de oposición
En respuesta a su abogada, la acusada manifestó que cuando le comunicó a la denunciante que tenía que abandonar el local, esta no mostró oposición y comenzó a buscar alternativas. Asegura que ella misma lo contaba a clientas y conocidos, y que esa búsqueda comenzó antes de cogerse la baja médica.
También afirmó que dejó las llaves a disposición de la denunciante a través de una empleada, aunque esta solo trabajaba por las tardes, y la denunciante fue por la mañana. Fue tras la denuncia cuando finalmente recogió las llaves, según la versión de la acusada.
Sobre los pagos, indicó que la denunciante realizó algunos envíos por Bizum, pero ella se los devolvía porque el acuerdo había terminado y ya no se prestaban servicios. La situación fue especialmente tensa entre abril y mayo de 2023.
Testigo relata tensiones y material desmontado
Una testigo cercana a la acusación relató que acompañó a la denunciante a reincorporarse al trabajo tras la baja médica, y encontraron el lugar completamente desmontado.
Indicó que el material no estaba dañado, pero sí desordenado, y que la reacción de la acusada fue violenta y tajante: “Jamás vas a volver a montar aquí una peluquería”, habría dicho.
La testigo también aseguró que la denunciante empezó a buscar nuevo local solo después de interponer la denuncia, y que hasta entonces no había signos de que abandonaría voluntariamente. La baja médica, según explicó, fue producto de un accidente en la vía pública.
Durante el interrogatorio de Fiscalía, la testigo reconoció que sabía que había obras, pero que entendía que eran simples reformas internas, como levantar un tabique, y no una remodelación que afectara a la peluquería.
Denunciante: “Tenía un contrato en vigor”
La denunciante, por su parte, defendió que comenzó a trabajar en el local en 2021, y que, tras un incidente en 2022, le propuso a la acusada formalizar un contrato para que todo quedara regulado legalmente. Asegura que ambas lo firmaron, y que lo presentó en el juicio como prueba válida.
A pesar de sufrir una caída en febrero de 2022, que la dejó de baja, siguió abonando el alquiler cada mes. Dice que llegó a visitar el local durante la rehabilitación y todo estaba en orden. Pero más adelante encontró la puerta cerrada con llave, el interior desmontado, y sin poder acceder ni contactar con la acusada.
Según su relato, tras mandar un audio avisando que volvería en dos semanas, recibió una respuesta tajante: “La peluquería no se volverá a montar, recoge tus cosas”. Fue entonces cuando interpuso la denuncia. Afirma que la única verdad es que existía un contrato, y que fue la acusada quien decidió terminarlo de forma unilateral.
Conflicto sin resolver hasta que se aclare la firma
La denunciante insiste en que la acusada no comunicó en ningún momento que se harían obras, ni que se desmontaría la peluquería. También afirmó que dejó de buscar nuevo local una vez se firmó el contrato, ya que estaba comprometida hasta 2025.
Asegura que pagó los meses en que estuvo de baja, pero la acusada solo le devolvió dos mensualidades posteriores a la denuncia. Sostiene que fue víctima de una expulsión injusta y que tenía todo legalizado por escrito, lo que desmiente el argumento de que solo existía un acuerdo verbal.
El juicio queda en suspenso a la espera de que se determine si el contrato aportado es auténtico o falsificado. Hasta entonces, el conflicto entre ambas partes seguirá sin resolución judicial definitiva.
