Cuando se conoce de verdad cuales son las armas que tiene en su mano la Ciudad Autónoma de Ceuta para combatir las construcciones ilegales en nuestra ciudad uno de puede llevar las manos a la cabeza porque obtengan determinados resultados. Y es que todo está en su contra: una legislación que no responde a las verdaderas necesidades de nuestra ciudad y que además es demasiado garantista con el infractor. Luego, nos encontramos con un procedimiento farragoso que complica en demasía la resolución del expediente, con numerosas atenciones a quien se ha pasado la ley por donde ha deseado. Y cuando por fin se cuenta con una resolución judicial, al final con dinero de todos los ceutíes hay que derribar lo que otro construyó, porque el infractor o ha desaparecido o se declara insolvente. Una verdadera selva legal que necesita del apoyo de la Administración General del Estado para que cambien los mecanismos que permitan la agilización.
