Ala Administración General del Estado se le acumulan reivindicaciones de distintos colectivos de empleados públicos que debe analizar a fondo con la debida profundidad de la mano de sus representantes para actuar en consecuencia.
Los militares demandan que la profesión militar sea considerada de riesgo, algo en lo que también insisten desde la Policía Nacional o la Guardia Civil, y los funcionarios de prisiones reclaman el rango de ser considerados agentes de la autoridad.
Se trata de reivindicaciones que cobran mayor actualidad y protagonismo cuando se tiene conocimiento de noticias como la muerte de dos guardias civiles en Barbate, la agresión a un trabajador del Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal...
Su resolución no debe, sin embargo, verse condicionada simplemente por hechos puntuales o con mayor recorrido mediático, sino ser el fruto de un estudio a fondo de los argumentos que asisten a los peticionarios y los que puedan exponer la Administración para darles o no la razón y tomar las medidas que correspondan.
En todos los casos, como en el de los docentes o los sanitarios para el mejor desempeño de sus labores profesionales, las exigencias de los afectados parte de motivaciones de peso que como mínimo obligan a ser tomadas en serio de inmediato y no aparcadas o dilatadas en el tiempo indefinidamente.
