Los trabajos llevados a cabo por la comisión encargada de analizar el padrón y realizar las oportunas investigaciones ha dado como fruto la baja de 789 personas en este 2016, de las que el 30% son ciudadanos extranjeros. Los expedientes que se han tramitado son unos 2.000, lo que ha sido valorado por el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel.
Cada vez hay menos gente inscrita de manera irregular y se ha podido terminar, según indica el portavoz, con los llamados pisos patera.
Respecto a la recomendación del Defensor del Pueblo, con la que informaba que la Ciudad no era quien para controlar el padrón, el Gobierno ha manifestado que se somete a los criterios de sus servicios jurídicos aun respetando lo manifestado por la institución que dirige Becerril. Un decreto de marzo de 2015 avala su modo de proceder.