Mal, muy mal. Así ha sentado en el Consejo General de la Abogacía Española, de la que forma parte activa el Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta (ICACE), la respuesta que el pasado viernes ofreció Justicia ante una cuestión parlamentaria elevada por el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví acerca del destino de los 500 millones de euros recaudados a través del cobro de las nuevas tasas judiciales impuestas por el extitular de la cartera Alberto Ruiz-Gallardón en el año 2012: “El Ministerio no dispone de información al respecto”.
Así, Justicia agregó que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria “la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa”. En este sentido explicó que este organismo interviene en la gestión o recaudación del gravamen, pero queda fuera de su “ámbito competencial” cualquier otra cuestión, como puede ser dar información sobre su importe o destino. “Así las cosas, no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa”, especificó Justicia.
De tal manera, tras dos años y tres meses (más el tiempo previo a la puesta en marcha de la controvertida Ley de Tasas), la Abogacía institucional reitera, y así suscribe el ICACE, a cuyo frente está Isabel Valriberas, decana, el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, celebrada en noviembre de 2012, exigiendo la “inmediata retirada de la Ley de Tasas Judiciales, por consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia de un gran número de ciudadanos”.
Durante estos dos años y tres meses, el Consejo General de la Abogacía Española ha liderado las protestas de los colectivos jurídicos para exigir la retirada de las tasas judiciales, “por ser inconstitucionales, injustas y desproporcionadas”, argumenta esta parte.
La Ley de Tasas Judiciales ha tenido, por tanto, un claro rechazo por la sociedad “debido a su clara y evidente inconstitucionalidad, produciendo la violación del derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución Española”, añade.
En este sentido, cabe recordar que en nuestra ciudad, así como en el resto de la geografía española, a lo largo de estos dos años y tres meses se han ido sucediendo protestas contra la Ley, llegándose incluso a un público parón, que tuvo lugar en la puerta del Palacio de Justicia, en Serrano Orive, donde letrados y miembros de la plaza judicial ceutí mostraron su rechazo ante una Ley que, tras haber generado 500 millones de euros, no ha producido, según se deduce de las palabras de Justicia, aún beneficio alguno puesto que el destino de tal partida es desconocido.
