El rumbo que marcado el PP para esta Ciudad se está cobrando, de manera paulatina e imparable, una nueva víctima: el plus de residencia del sector privado. El PP (hace ya algún tiempo) ha dejado de creer en Ceuta. Están convencidos de que es imposible una rehabilitación política y jurídica que devuelva Ceuta a la normalidad.
Para ellos, Marruecos ha ganado la batalla. Y lo único que queda es gestionar la “capitulación” de la manera menos traumática posible.
Por ello todas las decisiones que adoptan están orientadas a fortalecer un “modelo transitorio” fundamentado en el fortalecimiento del sector público (tanto en empleo como en inyección de rentas y subvenciones); y medidas paliativas para apaciguar a los sectores más vulnerables (ya sean planes de empleo o similares).
El sector privado queda reducido a una mínima estructura para satisfacer la demanda interna en la parte (cada vez menor) que no sea absorbida por el comercio electrónico (cada vez mayor) o por la oferta de las zonas adyacentes (en claro aumento, una por precio y otra por calidad).
En este planteamiento, el ámbito de la economía privada ha dejado de tener el menor interés para el Gobierno, o mejor dicho, los Gobiernos del PP.
La estrategia, simple donde las haya, es dejar que fenezca por “muerte natural”. A penas quedan empresarios locales. Todos se van marchando. Algunos diversifican (temporalmente y por nostalgia más que nada) su negocio entre Ceuta y la península. Otros cierran directamente (venden e invierten en otros lugares más rentables y menos inseguros). Para “esconder” esta cruda realidad, el PP se agarra a las franquicias; pero oculta el modo en que operan aquí: inversiones mínimas (sólo alquilan los establecimientos) ; y “planes de empresa” temporales, diseñados para atender la demanda marroquí que, evidentemente, tiene fecha de caducidad marcada por el ritmo de crecimiento del área económica que pivota sobre Tánger.
Oportunidades de negocio meramente coyunturales. En este contexto de indisimulable indiferencia ante lo que ocurre en el mundo de la empresa privada, se inscribe la tolerancia hacia el desmantelamiento del Plus de Residencia de los trabajadores por cuenta ajena, y por extensión el del llamado Plus de Vinculación (ocho por ciento del salario base vinculado a la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social).
El número de trabajadores ceutíes que percibe estos pluses (sumados representan el treinta y tres por ciento del salario base) se va reduciendo de manera tan acelerada como injusta.
Los salarios ceutíes están sometidos a una doble palanca de depresión: la de la reforma laboral (fragmentación del empleo y recortes de derechos), y la de la erradicación del Plus de Residencia. Uno de los elementos esencial del Régimen Económico y Fiscal Especial de Ceuta, el que afecta de manera directa a más personas, se está evaporando ante nuestros ojos sin que nadie sea capaz de mover un músculo para evitarlo.
Mientras la indemnización por residencia (fundamentada en la necesidad de compensar los efectos de la insularidad sobre las economías domésticas) se preserva y se cuida con mimo exquisito; su equivalente en el sector privado se borra con absoluta impunidad (debe ser que a quienes no trabajan para la administración no sufren los efectos de la insularidad).
El Plus de Residencia está regulado por un Decreto Ley del año mil novecientos setenta y cinco (pre constitucional). Según sentencias de supremo, ya convertidas en jurisprudencia, los Convenios Colectivos prevalecen sobre este decreto, ya que emanan del Estatuto de los Trabajadores, que es una ley de rango superior (orgánica).
Esta exigencia obligó a incorporar el Plus de Residencia (y el de vinculación) a los Convenios Colectivos de Ceuta. Así se hizo, con una colaboración impecable de la Confederación de Empresarios, en un gesto de compromiso con los intereses generales de esta Ciudad que es justo reconocer. Parecía que el problema estaba resuelto. Y lo estuvo durante un tiempo.
Pero las modificaciones legislativas que ha modificado la prevalencia de los Convenios, han abierto una vía de escape que ha “hecho felices” a los empresarios foráneos. Así cada vez se aplican más convenios de empresas (LIDL, ESC…) o convenios de ámbito estatal (desde la ayuda a domicilio a la banca pasando por el de grandes superficies…) que, en ambos casos y en su inmensa mayoría, no contemplan esta retribución.
Los empresarios ven que una maniobra de esquiva de los “pluses de Ceuta” por la vía de aplicación de Convenios alternativos al provincial, les puede reducir el coste de la plantilla en aproximadamente un treinta por ciento, y se lanzan gozosos y frotándose las manos ante tal eventualidad.
Se produce, además, un efecto perverso: los empresarios de Ceuta (que mantienen los pluses por dignidad, convicción o compromiso) se ven sometidos a una competencia desleal que no sabemos cuánto durará.
¿Esto tiene arreglo? Por supuestos que sí. Un arreglo técnicamente muy sencillo; pero políticamente (parece) imposible. Basta con anclar jurídicamente los “pluses de Ceuta”, incluyéndolos en una norma de rango adecuado.
Por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía de Ceuta, en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, o en una Ley “ad hoc”. Pero no se hace porque no existe la voluntad necesaria al respecto.
El PP está en otra onda que nada tiene que ver con los intereses de esta Ciudad (aunque finjan sentirse ofendidos cuando se les recrimina públicamente su traición).
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