Tres de las seis acusaciones populares personadas en
la causa de la tragedia del Tarajal (la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR; Sociedad Humana y Coordinadora de Barrios) han presentado ya
sus escritos de acusación contra los 16 guardias civiles procesados por su actuación en el espigón fronterizo la madrugada del 6 de febrero de 2014 para contener a cientos de migrantes, suceso que se saldó con la muerte de 15 personas ahogadas. En sus calificaciones, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, solicitan para cada agente entre 28 y 56 años de cárcel, entre otras penas.
CEAR les imputa un delito de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte, otro de denegación de auxilio y un tercero de prevaricación por los que entiende que procede imponer a cada guardia: dos años de prisión y seis de privación del derecho de porte o tenencia de armas “por cada una de las 15 muertes” y, también por cada fallecido, una multa de 24 meses a razón de 20 euros diarios y suspensión de empleo o cargo por tres años. Finalmente, por el delito de prevaricación, que la jueza instructora considera que debe ser sobreseído, una inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo durante quince años. La Asociación Coordinadora de Barrios, que computa catorce muertos, reclama por cada uno como homicidio por imprudencia grave dos años de prisión (un total de 28 por funcionario de la Benemérita) e inhabilitación especial por plazo de 5 años y 9 meses. “Subsidiariamente”, contempla un presunto delito de omisión del deber de socorro que conllevaría “pena de prisión de 3 años y 9 meses” y accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo. La Asociación Sociedad Humana considera que los hechos son constitutivos de quince delitos de homicidio por imprudencia grave y otros tantos de denegación de auxilio. Como las otras dos acusaciones anteriores, opina que “no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal” en los procesados, por lo que solicita 3 años y 9 meses de prisión por cada uno de los primeros (en total, 56 años y 3 meses de cárcel para cada guardia) con inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por 5 años. Por cada uno de los 16 delitos de denegación de auxilio reclama penas de multa de 22 meses con cuota diaria de 12 euros para cada guardia, así como un total de 80 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La
Fiscalía se ha decantado por solicitar el archivo de la causa, como las defensas. Todavía deben presentar sus escritos, si lo hacen, el Comité René Cassin, Pro Derechos Humanos y DESC.