270.000 españoles no tienen asistencia sanitaria gratuita

En 1995 España asumió el Pacto de Toledo como la hoja de ruta para lograr la ansiada estabilidad financiera del sistema de Seguridad Social mediante la introducción de importantes cambios; entre ellos se encuentra el siguiente: “Creación de un sistema de financiación independiente para la Sanidad Pública que no está vinculado con las cotizaciones a la Seguridad Social y poder hacer efectivo realmente el derecho de acceso a la sanidad y asistencia sanitaria universal.”
Es decir, que desde esta fragmentación, la Sanidad Pública no depende ni económicamente  ni jurídicamente de la Seguridad Social. Los gastos sanitarios se sufragan con cargo a los Presupuestos Generales por lo que  salen de impuestos como, por ejemplo, el IRPF. Lo único que queda vinculado, supuestamente para mejorar los sistemas de protección y acceso universal a la salud, es el número de la afiliación y el del sistema sanitario que sigue siendo el mismo.  
Partiendo de esta base, me pregunto por qué, aun existiendo esta desvinculación presupuestaria entre la Seguridad Social y la Sanidad pública, se mantiene como requisito indispensable estar dado de alta en la Seguridad Social (o sea, trabajar legalmente o percibir una prestación de desempleo) para ser titular de la tarjeta sanitaria y, por lo tanto, disfrutar del derecho universal a la sanidad pública.
Si la sanidad es universal para toda la población española, y si además no se paga con dinero de la Seguridad Social sino con impuestos directos, ¿por qué sigue existiendo en este país la tarjeta de beneficiario? ¿Por qué a casi 300.000 españoles se les niega el acceso a ese derecho que es la asistencia sanitaria gratuita?
No se puede tolerar que, transcurridos 24 años desde que se aprobó la Ley General de Sanidad, todavía no sea plenamente efectiva la universalización de la asistencia sanitaria pública. Es indignante que en el 2011 todavía  existan 276.000 españoles (el 0,6% de la población) sin un servicio universal de asistencia sanitaria. Y lo peor es que, con los tiempos de crisis que corren y si no ponemos remedio a esta situación que sufren muchos de nuestros conciudadanos, de la que no somos conscientes hasta que nos toca, esta cifra crecerá considerablemente.
El Ministerio tiene que dar una solución a este problema de una forma inmediata, contando con la participación de todos los partidos políticos y los agentes sociales implicados, pues con la salud no se juega.
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