El Tribunal de Cuentas critica en su último informe la cobertura de puestos “estructurales” a base de contratos temporales
El órgano fiscalizador cuestiona los remanentes del Gobierno
La política de Personal del Gobierno de Vivas sigue sin convencer al Tribunal de Cuentas (TCu). En su último informe sobre la Ciudad Autónoma, correspondiente al ejercicio 2014 y recién aprobado, el órgano fiscalizador llama la atención sobre el hecho de que, al cierre del ejercicio analizado, “el 27% de los efectivos de la Ciudad Autónoma” son “trabajadores vinculados a la Administración de forma indefinida sin haber superado ningún proceso selectivo”.
Ello es, a su juicio, el resultado de la práctica seguida en años anteriores “de incorporar trabajadores a la Administración de la Ciudad a través de sucesivos contratos laborales temporales para el desempeño de puestos permanentes y estructurales cuyas plazas debieron haber sido provistas a través de sus oportunos procesos selectivos mediante convocatorias públicas”, algo que además ha originado que “muchas de las ofertas de empleo que estaban pendientes de ejecución hayan caducado”.
El TCu también reprocha por enésima vez que “la Administración General de la Ciudad continúa sin aprobar una Relación de los Puestos de Trabajo (RPT) existentes en su organización”, con lo que vulnera tanto la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local como el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
No obstante, el órgano fiscalizador también alerta de que “a pesar de la contención del gasto de Personal llevada a cabo en los años 2010 y 2011”, en el periodo 2012-2014 se incrementó “un 8%”, hasta situarse a 31 de diciembre de 2014 en 110,7 millones de euros, “lo que representa un 33% del gasto consolidado de la Ciudad Autónoma en dicho año”.
El Tribunal también vuelve a cuestionar que las condiciones laborales fijadas para el personal laboral y el funcionario son “prácticamente idénticas” al haberse regulado de forma unitaria “materias como el régimen retributivo, la jornada laboral, horarios, licencias, permisos, vacaciones, derechos sociales, formación y promoción profesional, régimen disciplinario y garantías sindicales” a pesar de que, desde su punto de vista, “se trata de marcos normativos con diferentes regímenes, uno administrativo y otro laboral, y distintos órdenes jurisdiccionales competentes para la resolución de los conflictos que puedan suscitarse”.
Saldos muy dispares En su análisis de las grandes magnitudes económicas de la Administración, el TCu también presenta cuantiosas divergencias con respecto a los números que presenta el Ejecutivo de Vivas. Mientras que este dijo haber cerrado 2014 con un saldo positivo de remanente de Tesorería (el indicador sobre la solvencia o capacidad económica que tiene una entidad para afrontar sus deudas) de 27,7 millones, para el Tribunal esa cifra “no reflejaba la verdadera situación financiera a corto plazo de la Ciudad”.
El órgano fiscalizador opina que se hizo una “sobrevaloración” de “al menos 69,2 millones de euros” como consecuencia, principalmente, “de la infravaloración de la provisión para insolvencias, de los compromisos de gasto no registrados con las sociedades municipales Emvicesa, Procesa y Amgevicesa, así como de la falta de registro de cánones de concesiones administrativas con la Autoridad Portuaria y de las obligaciones con proveedores”. “Esta magnitud presupuestaria”, concluye, “pasaría a presentar un saldo negativo de 41,5 millones de euros”.
Con respecto a su estructura, el Tribunal cree que “la Ciudad debería poner en práctica los Acuerdos del Pleno [aprobados tres años] de modificar los Estatutos de las sociedades municipales con el objetivo de aumentar la transparencia y eficiencia en la gestión económico-financiera”.
LAS CLAVES
RefinanciaciónSin “prudencia” El TCu considera que la reestructuración de la deuda financiera efectuada en 2014 “no se ajustó al principio de prudencia financiera” al haberse efectuado varias novaciones de préstamos “con un coste muy superior al de las operaciones preexistentes” y por mantenerse otros préstamos “cuyos tipos de interés eran superiores a los de operaciones refinanciadas”.
Convenios“Excesiva generalidad” El dictamen señala que “los convenios de colaboración suscritos con los beneficiarios de las ayudas directas analizadas siguen adoleciendo de una excesiva generalidad y falta de concreción en cuanto a su objeto subvencionable”.
InventarioMúltiples El órgano fiscalizador lamenta que “se mantienen las principales deficiencias e incumplimientos” en relación con el inventario de bienes municipales: hay “un elevado número de bienes inmuebles” que figuran sin valoración y otros que se encuentran pendientes de depuración y regularización, falta de registro de las hipotecas de las viviendas enajenadas por la Ciudad, ausencia de conteos y recuentos físicos periódicos.
Las concesiones de la Autoridad Portuaria
El Tribunal de Cuentas opina que la Ciudad debe efectuar “una revisión exhaustiva” de la situación real en la que se encuentran las concesiones administrativas que le ha otorgado la Autoridad Portuaria con el fin de “aclarar y regularizar las discrepancias y diferencias relativas a la transmisión de varios derechos concesionales” teniendo en cuenta que el Puerto “está girando actualmente a la Administración de la Ciudad tasas por ocupación y explotación de algunos locales que pudieran no corresponderle”. El criterio seguido por la Ciudad ha sido pagar sus deudas “en compensación del importe de los derechos devengados anualmente por el IBI correspondiente a los bienes inmuebles de la Autoridad Portuaria”, un “incorrecto tratamiento contable que contraviene los principios contables de devengo” que llevó, a finales de 2014, a que la Ciudad y el Parque mantuviesen “sin contabilizar, al menos, obligaciones con la Autoridad Portuaria por 7,5 millones de euros en intereses de demora, cánones y tasas”. En TCu avisa de que en varios casos se han hecho concesiones a distintos negocios sin la transmisión de las obligaciones de pago, que han seguido recayendo sobre lo público.
El TCu, alerta con los 181.000 euros sin justificar de 2013 de la AVV del Príncipe
El Tribunal de Cuentas (TCu) no ha perdido de vista la subvención que, en marzo de 2013, concedió la Consejería de Medio Ambiente a la Asociación de Vecinos (AVV) del Príncipe Alfonso para mantener unas Brigadas Cívicas a través de un convenio de colaboración para “la realización de determinadas actividades cívico-sociales a través de la contratación de una serie de personas”.
En la comprobación de la cuenta justificativa se detectó la existencia de gastos de personal “no justificados”, para los que, a la finalización de la fiscalización de ese año, no tuvo constancia del inicio del correspondiente procedimiento de reintegro.
Así las cosas, en 2016 el órgano fiscalizador ha seguido el tema de cerca. El pasado 17 de marzo, Emilio Carreira incoó expediente de “reintegro parcial de la subvención percibida y no justificada” por un importe de 181.000 euros, trámite que se notificó al presidente de la Asociación de Vecinos, Abdelkamil Mohamed, una semana después. No presentó alegaciones. El 17 de mayo se le trasladó la Resolución definitiva “relativa al reintegro de la cantidad antes señalada, no habiéndose presentado tampoco recurso potestativo o de reposición”. A la finalización de la fiscalización recogida en el informe que acaba de aprobar el TCu “no se ha había reintegrado cantidad alguna, encontrándose en fase de pago voluntario”.
Finalmente, por Resolución de 26 de mayo, fue incoado expediente sancionador a la Asociación de Vecinos por “la falta de justificación de la subvención recibida en 2013, cuyo traslado fue comunicado a su presidente, no habiendo finalizado a la conclusión de este informe las actuaciones iniciadas por los funcionarios designados instructores del procedimiento”.
El Tribunal reseña que las cuentas justificativas de las subvenciones concedidas a Asociación Comunidad Islámica Mezquita Al Umma y la UCIDCE por 3.000 y 10.000 euros, respectivamente, no habían sido presentadas a la finalización de la fiscalización, en julio pasado. Tampoco hubo constancia de que la Ciudad las exigiese, como tampoco el dinero.