No deja de sorprenderme la pasividad con la que algunos ciudadanos están asumiendo el proceso de demolición del Estado de Derecho que fue España. La callada por actitud preferente, y lo que es peor, la militancia activa y notoria para aupar a elementos que, día sí y al otro también, se autorretratan e identifican con la deriva criminal de la autoproclamada segunda república, intentando deslegitimar un sistema democrático fundamentado en la Constitución de 1978; suele ser una postura bastante cómoda y cobarde, todo, antes que tener que asumir responsabilidades en la construcción de una sociedad mejor.
Ni el desafío separatista catalán, ni la decrépita deriva de Navarra, ni un País Vasco donde todavía son protagonistas los más violentos, ni la provocación continuada de los comunistas, inconstitucionalistas totalitarios, son actitudes marginales. La suma de todos estos constituyen casi la mitad del hemiciclo parlamentario y son capaces de desequilibrar un Gobierno formado por los únicos que, hasta la fecha, le pese a quien le pese, defienden nuestras libertades tal y como se reflejan en la Constitución.
Muchos creen que este país lo soporta todo, y que nada pasará si triunfan estos empecinados en destruir el Estado de Derecho. Eso es creer que Nerón con su incendio premeditado construyó una Roma mejor, a la historia me remito. El fuego rara vez es purificador y siempre es destructivo y contaminante, además de ser un proceso irreversible. Una vez perdidos los derechos y las libertades es muy difícil recuperarlos. Si alguien cree que la secesión de Cataluña, o la anexión de Navarra por el País Vasco, o la aniquilación de los derechos a la opinión, el pensamiento diferente o libertad religiosa, no van a pasarle factura, está muy equivocado.
No podemos pasar ni un minuto más impasibles ante el dontancredismo que los archipámpanos políticos y judiciales muestran ante todo un frente de enemigos activos de la Constitución. Una cosa es la templanza y la prudencia, y otra muy diferente es la indolencia irresponsable.
Existen muchos escalones entre una actitud pasiva y otra beligerante, sobre todo el escalón que pasa por hacer cumplir la ley vigente.
Frente a la continua exhibición de símbolos y banderas inconstitucionales, la denuncia social. Frente a la continua represión para el ejercicio de la libertad de opinión y libertad religiosa; la aplicación de la ley y la condena por atentar contra la libertad religiosa. Frente a la sedición nacionalista, la persecución fiscal por los delitos que realmente son, sedición y traición, y la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución. Y aunque a algunos esto les suene muy duro, habría que recordar que la ley está para que se cumpla, no para la interpretación sectaria e interesada que han puesto en entredicho el sistema judicial.