El portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, Carlos Verdejo, llevó a discusión ante el Pleno una propuesta en la que se solicitaba instar al Gobierno de la Nación para iniciar un proceso de ilegalización de los partidos que atenten contra la Nación. Para esta formación es de vital importancia que el Gobierno estatal tome cartas en el asunto sobre la situación que se está viviendo en Cataluña y por ello pide que se ponga la mirada sobre esos partidos que incitan esa supuesta separación de España.
Dentro de la propuesta, además de promover la ilegalización, pedía que se retirara las subvenciones que pudieran estar obteniendo todas las organizaciones que promuevan la independencia, así como instar a la Unión Europea para que los CDR (Comandos de Defensa de la República) fueran catalogados como organización terrorista, después de las detenciones llevadas a cabo el pasado mes de septiembre.
Dada la controversia que este asunto genera a nivel nacional, las exposiciones del resto de grupos parlamentarios no se han hecho esperar, posicionándose todas las formaciones con representación al respecto.
Los primero han sido los socialistas, quienes no han dado su apoyo a esta propuesta. Han tachado esta propuesta de “electoralista” y aunque aseguran estar de acuerdo en conservar la unidad de España, no comparte la exposición de motivos que Vox argumenta en la Asamblea.
Para el MDyC esta propuesta hace remontarse a 1936, ya que no la consideró adatada a estos tiempos. Su portavoz, Fatima Hamed, recordó a Verdejo que son los tribunales los que ilegalizan a los partidos, no los gobiernos. “Este pleno no puede instar a ilegalizar nada y señalar como terroristas, para eso están los tribunales”, apostilla y advierte que los políticos no pueden “juzgar y condenar”.
Por ello instó a Vox a que si tiene pruebas de que son partidos que cometen algún tipo de ilegalidad, acudan a los tribunales.
El momento más tenso se volvió con la exposición de Caballas, quien recordó que esta discusión, la cual se llevó también a la Asamblea de Madrid, está siendo estudiada por el mismo Gobierno para ser recurrida. “La diferencias ideológicas se salvan desde la política”, defendió Mohamed Ali y no solicitando a los tribunales la ilegalización.
Para Ali esta solicitud por parte de las asambleas son un “disparate”, por eso no le extraña que el Gobierno lo vaya a recurrir. Asimismo, hace alusión del artículo 155 de la constitución y pregunta en qué ha servido su aplicación, cuando en los pasados resultados del 10N, los votos en Cataluña no han visto una variación notable, sino que los partidos que supuestamente cuestiona Vox han contado con un amplio margen de apoyo.
Tras una larga exposición el presidente de la Asamblea, Juan Vivas, pidió culminar al portavoz de Caballas, quien en al principio de su intervención dijo que en la anterior legislatura Caballas fue “víctima” de la Mesa de la Asamblea al no aceptar la inclusión de puntos de política nacional, como en este caso sí se estaba discutiendo.
Asimismo, Alí preguntó que puestos a ilegalizar, por qué no se ilegalizaban los partidos “fascistas, los que fomentan el odio o los que van contra una religión”.
El portavoz de la bancada popular, Carlos Rontomé, anunció que apoyaría la propuesta de Vox, ya que están a favor de la unidad de España, pero hizo ciertas precisiones para corregir el texto de Verdejo y agregar una transaccional. En primer lugar precisó que la Asamblea ceutí no puede más que solicitar al Gobierno a que inicie este proceso, corrigiendo además a la portavoz del MDyC que es el Congreso o el Senado los que pueden instar al Gobierno la ilegalización de un partido, no un tribunal.
Recuerda que ya en 2018 el presidente popular Pablo Casado contemplaba estas acciones dentro de su programa de medidas y aclaró que en ningún momento se están persiguiendo las ideas, sino “las acciones que atenten contra las libertades y los derechos”.
Aceptando esa transaccional, con los votos de Vox y el PP se pudo sacar adelante esta propuestas con el resto de los votos de la oposición en contra.
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