Vox ha propuesto elevar de 10 a 15 años el plazo de residencia, tanto en Ceuta como en todo el país, para poder obtener la nacionalidad española.
El Grupo Parlamentario en el Congreso ha registrado una proposición de ley orgánica relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad.
Propone que puedan perder la nacionalidad española aquellos nacionales no de origen “que cometan una serie de delitos que implican claramente su deslealtad con el conjunto de los españoles”, expone.
Vox indica que para “garantizar la integración de los extranjeros y poder concederles la nacionalidad, así como asegurar la lealtad de los de los nacionalizados a España, nuestras tradiciones y cultura, es importante incrementar los requisitos para la concesión de nuestra nacionalidad”.
Piden así modificar varios artículos del Código Civil en los que se regula la nacionalidad, reclamando que el plazo general de diez años de residencia para adquirir la nacionalidad se eleva a 15 años.
Reclaman que la condena penal firme y la resolución administrativa sean causas de pérdida de la nacionalidad española y se tenga en cuenta la comisión de delitos contra la Constitución, orden público, independencia y defensa nacional y comunidad internacional.
“A través de esta proposición de ley apostamos por blindar la adquisición española ante los fraudes en su adquisición”, explica la vicepresidente de Vox Ceuta, Teresa López.
“Apostamos por fortalecer los requisitos de adquisición de la nacionalidad española, asegurando el obligatorio vínculo de lealtad y solidaridad que debe existir entre los nuevos nacionales y España, algo que además debe conllevar un control férreo del cumplimiento del requisito de renuncia a la nacionalidad anterior cuando no haya tratado de doble nacionalidad”.
López hace mención a los ciudadanos marroquíes que no renuncian a su nacionalidad “a pesar de que no hay ningún acuerdo con Marruecos para que se pueda tener la doble”.
“Es una cuestión por la que llevamos interesándonos desde que Vox entró en el Congreso y que, a preguntas del grupo parlamentario, supimos que más de 112.000 ciudadanos marroquíes habían adquirido la nacionalidad española durante los dos primeros años de legislatura del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos”.
Entonces, recuerda López, el Gobierno no aclaraba en su respuesta si se llevaba a cabo una comprobación de renuncia a su nacionalidad anterior. “Ante esta situación, se hace imprescindible proteger la concesión de la nacionalidad española y revestirla de los requisitos jurídicos que la defiendan y protejan”, subraya.
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