El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso ha registrado una proposición no de ley relativa a promover las medidas pertinentes para acabar con lo que la ultraderecha considera "adoctrinamiento en los colegios", incluidos los de Ceuta. Se centra especialmente en pedir que se eliminen materiales que puedan "corromper" a los jóvenes o "afectar a su inocencia".
Los ultraconservadores dicen defender “el derecho de los padres de elegir el tipo de educación que reciben sus hijos en función de sus propias convicciones”. Lo hacen refiriéndose específicamente a su deseo de fomentar la educación religiosa: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Sin embargo, también indican que los españoles deben también "poder disfrutar de una educación gratuita, exigente y de calidad, que sea un verdadero ascensor social para los jóvenes y un elemento de cohesión nacional", a la par que "proteja la libertad de los padres de escoger la educación que prefieren para sus hijos”.
Para ellos “el Estado socava el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos mediante la aprobación de contenidos con una fuerte carga ideológica”.
Así lo denuncia la proposición del partido de extrema derecha: “En los últimos años se han producido en España situaciones en las que los poderes públicos, en los ámbitos nacional y regional, han diseñado políticas educativas que socavan el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos mediante la aprobación de contenidos educativos claramente ideológicos”.
Todo este supone, para Vox, que “en muchos casos, los contenidos choquen abiertamente con las convicciones de los padres, ya sean morales, políticas o religiosas”.
De esta forma, los ultraconservadores piden que se respete el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos y de garantizar de este modo el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución española, acabar con "cualquier intento de adoctrinamiento ideológico sobre los menores en las aulas", retirando de libros de texto y material educativo "que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento, de modo que no implique un perjuicio económico para las familias".
También quieren que se concreten modificaciones legislativas --incluidas de carácter penal-- con objeto de "prohibir los contenidos y materiales educativos que puedan afectar a la inocencia de los menores y corromper sus personas en la sensible etapa de su formación" y para eliminar los supuestos "obstáculos que impidan el acceso a la educación de todos los españoles en igualdad de condiciones, garantizando la neutralidad ideológica del Estado y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos".
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