Vox ha presentado recurso contra el decreto aplicado en Ceuta que contempla la petición del pasaporte covid. La diputada nacional, Teresa López, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al considerar que se está atentando contra los derechos fundamentales. La formación evidencia que se está diferenciando entre dos categorías de personas en virtud de un criterio irrazonable.
El decreto en vigor hasta el 7 de enero, que contó con el respaldo del TSJA al que ahora Vox recurre, incluye medidas como presentar el certificado de vacunación del coronavirus para entrar en locales de hostelería y ocio nocturno cuyo aforo supere las 50 personas, o visitas en residencias de mayores, entre otras.
Vox advierte en su escrito de que ese decreto aprobado el pasado 10 de diciembre vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, a la igualdad; 18.1, a la intimidad; y 19, a la libertad de circulación; de la Constitución Española (CE), todos ellos derechos amparados a través del artículo 53.2.
En su recurso, la diputada denuncia que la resolución dictada por el Gobierno de Ceuta diferencia entre dos categorías de personas en el acceso a los derechos fundamentales, «en virtud de un criterio irrazonable y arbitrario». Advierte, además, que «lanza un peligroso mensaje de confianza, que genera confusión en la ciudadanía» puesto que “sólo existe evidencia científica de que las vacunas protegen a las personas vacunadas frente al desarrollo de cuadros graves de la enfermedad, pero no existe evidencia de que no puedan contagiarse y transmitir la enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud”, concretan.
Apela también la diputada de Vox a la ética sanitaria que se ve afectada por la imposición de este certificado para acceder a centros hospitalarios o a residencias de mayores, ya que implicará el aislamiento de personas, y «con mayor intensidad a quienes se encuentren en fase terminal».
En definitiva, dice, “se trata de evitar, con la suspensión cautelar de las medidas adoptadas por el Gobierno de Ceuta, un mal mayor e irreparable”.
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