El Grupo Parlamentario Vox ha registrado este miércoles una Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno a “mantener la política de dispersión de los presos de la organización terrorista ETA y a la no concesión de privilegios penitenciarios como moneda de cambio política en los pactos políticos con el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu”.
En el texto registrado y firmado por los diputados Francisco José Alcaraz, Teresa López (diputada por Ceuta), Luis Gestoso, Ignacio Gil-Lázaro, la secretaria general del GP Vox Macarena Olona y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, Vox recuerda que la organización terrorista ETA ha cometido más de 3.500 atentados, ha asesinado a 857 personas y ha dejado más de 7.000 víctimas. “Una de las medidas por las que se decidió apostar para combatir el terrorismo de ETA fue la dispersión de presos tras una inicial política de concentración de los internos terroristas que provocó que aquellos crearan un fuerte vínculo”, señala Vox.
Así, esa política de dispersión -avalada por numerosos pronunciamientos judiciales tanto a nivel nacional como internacional- se ha configurado, a juicio de Vox, como un instrumento “eficaz”, porque ha conseguido «romper la vinculación de los presos con distintas asociaciones.
“A pesar de que la banda terrorista ETA publicó un comunicado en mayo de 2018 en el que anunciaba su disolución, la experiencia en la lucha antiterrorista nos dice -señala el GP Vox- que ETA no es sólo un grupo de pistoleros dedicados a dar tiros; ETA es mucho más, es un conglomerado complejo de estructuras políticas, económicas, sociales y civiles que han alentado y apoyado los efectos de la actividad terrorista de la organización”. Más aún, los internos de ETA que hoy siguen en prisión, siguen formando parte de una estructura organizada: el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK).
Por todo ello, el GP Vox recuerda al Gobierno que “no se debe permitir la concesión de beneficios penitenciarios como moneda de cambio en pactos con partidos nacionalistas y sin que se les exija de forma taxativa y efectiva la colaboración con la justicia, colaborando activamente con las autoridades judiciales y policiales para ayudar a resolver los más de 370 asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA pendientes de esclarecerse, y que esa colaboración sea real”.
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