El
Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea ha presentado una enmienda a la propuesta al
Pleno de
Caballas que persigue la reprobación de la
senadora Yolanda Merelo “por su manifiesta incapacidad para representar con dignidad a los ceutíes”. El objetivo de los de Juan Sergio Redondo es que en vez de sobre la parlamentaria nacional, que denunció en las Cortes que en el Hospital hay pacientes marroquíes amotinados cuando en realidad se trata de enfermos en estado de vegetativo, según le respondió el Gobierno central, la Corporación hable del portavoz de Caballas, Mohamed Ali, y que le “repruebe de manera contundente y clara mientras detente el cargo”, así como que se “reafirme el compromiso de la misma con la transparencia, la democracia y la lucha contra la corrupción política”.
En su primera lectura de la iniciativa de Vox los técnicos han apreciado una manifiesta imposibilidad para admitirla como enmienda, ya que “nada” tiene que ver con la propuesta de Caballas, por lo que en todo caso debería formularse como una propuesta original.
El segundo grupo de la oposición considera, pese a que
Ali aceptó “por cortesía parlamentaria”, retirar algunos descalificativos que dedicaba su propuesta a Merelo, el texto “no cumple con los requisitos para poder ser considerada un ejercicio de las facultades políticas que tienen atribuidas los Grupos de la Asamblea, sino una instrumentalización de este cauce democrático para pervertirlo, transformándolo en una herramienta de descalificación personal y política”.
Sin embargo, Vox pretende “aprovechar la oportunidad” para cuestionar “la idoneidad para ostentar la condición de diputado” de Ali “con la dignidad y distinción como representante de la población que lleva atribuidas” al estar “acusado formalmente por el Ministerio Fiscal por cargos de prevaricación continuada y organización criminal” en
el ‘caso Emvicesa’. A juicio de Vox “la mala praxis de vincular responsablidad política y penal” es algo “que las distintas agrupaciones de nuestro país, afortunadamente, ya deslindan en sus respectivos códigos éticos”. En concreto, refiere que tanto su formación “como el Partido Popular o el PSOE” ya establecen en su normativa interna “la exigencia para sus cargos públicos de no concurrir como representantes y, en su caso, dimitir, en el supuesto de que se dicte auto de apertura de juicio oral por causa penal”.