El futuro de la Operación Paso del Estrecho 2020 es incierto ante el Estado de Alarma en el que se encuentra España y está sujeto a la evolución de la pandemia del Covid-19. Por ello, la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, junto a varios compañeros de su grupo parlamentario, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión. Vox se interesa, entre otros aspectos, por saber si el Ejecutivo está manteniendo conversaciones con los países de procedencia de las personas que cada año participan en la OPE para cooperar en evitar que este año se lleve a cabo.
Vox recuerda que la OPE concentra cada año a más de tres millones de viajeros y a casi un millón de vehículos que se trasladan de Europa a la zona del Magreb entre el 15 de junio y finales de septiembre. Por ello, el partido advierte de que es “imprescindible realizar todas las gestiones necesarias para evitar ese tránsito de pasajeros de Francia, en la actualidad el cuarto país del mundo con más contagios por coronavirus, de Alemania, de Bélgica, o de Países Bajos, que como cada año recorrerían España para llegar a sus países de origen”.
Ante esta situación, Vox exige al Gobierno que aclare si se va a llevar a cabo la OPE 2020 y, si se han hecho gestiones con los países de procedencia, cuáles han sido los resultados hasta ahora. En caso de que se permita el tránsito de pasajeros, López interpela al Ejecutivo para conocer cómo piensa controlar que no se propague el Covid19 “en el puerto de Ceuta, ahora con el paso restringido, y la frontera, cerrada por Marruecos incluso para sus nacionales”.
“¿Va a condicionar la OPE la apertura de las condiciones marítimas en el Estrecho de Gibraltar?”, cuestiona Vox, que pide al Gobierno que aclare también que, en el caso de ser así, con qué limitaciones y medidas de seguridad y sanitarias se llevará a cabo. Además, el partido reclama al Ejecutivo de Sánchez que se pronuncie sobre si considera “un peligro” que se desarrolle la OPE con la situación de “excepcionalidad” en la que se encuentra España.
Por último, López pregunta al Estado si considera que la normalización de las comunicaciones marítimas entre Algeciras y Ceuta no debe producirse hasta que no haya garantías de que estas medidas no afectarán al estado de salud pública.
Vox Ceuta insiste en que, ante la crisis abierta por el cese de la mayor parte de la actividad económica para frenar la pandemia del Covid-19, es momento de adoptar medidas que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los pensionistas. Para ello, se está trabajando en sacar adelante propuestas como la registrada esta misma semana por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso para rebajar del 30% al 10% el copago farmacéutico de los pensionistas encuadrados en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado y en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Esta medida, ya defendida anteriormente por la formación, ha sido registrada como una Proposición de Ley para su debate en la Cámara Baja cuando se retome la actividad parlamentaria.
La iniciativa persigue modificar la Ley del Medicamento para eliminar la brecha que actualmente existe entre los pensionistas de la Seguridad Social, para los que se establece una aportación del 10% del precio del medicamento a adquirir, y los pensionistas de MUFACE o las Fuerzas Armadas, cuyo nivel de aportación se fija en el 30% con carácter general. “Esto supone un trato diferenciado a un mismo colectivo y, por ende, una desigualdad en el acceso al Sistema Nacional de Salud”, defiende la formación.
Sin embargo, advierte Vox, los pensionistas de MUFACE o ISFAS “merecen un tratamiento equitativo al del mismo colectivo del Régimen General de la Seguridad Social, al tratarse de personas que han visto reducida su capacidad económica por diferentes supuestos de hecho como son la jubilación o retiro, la orfandad o la viudedad”. Por ello, recuerda la formación que “los poderes públicos son los encargados de garantizar que el acceso al derecho constitucional de protección a la salud sea en condiciones de igualdad efectiva para todos los ciudadanos” y defenderá esta propuesta de ley para modificar el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.
El principal cambio que se busca es establecer un porcentaje de copago del 10% para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social, de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado o del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y sus beneficiarios.
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