La senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha reprochado este miércoles en el Senado el retraso de España en la transposición a nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional de la Directiva (UE) 2010/681 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detención, investigación y enjuiciamiento de los delitos
de terrorismo y de la delincuencia grave. Así lo ha manifestado Merelo durante su intervención en la Comisión de Interior que se celebra en el Senado, en la que se trata este proyecto de Ley, sobre el que el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso presentó dos enmiendas durante su trámite. La primera, al artículo 2.3 – sustituyendo al carácter “excepcional” por “extraordinario”. La segunda, al artículo 4.2 relativa a la adecuación por delito grave considerado aquel de más de tres años de prisión. La senadora ha recordado que España es el único país de la Unión Europea que todavía no ha transpuesto esta directiva, pese a tener como plazo hasta el 26 de mayo de 2018. Es por ello, ha explicado, que España está bajo la «amenaza de que la Unión Europea decida llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo». Una decisión que costaría a los españoles una multa diaria, pese a «no ser responsables de esta infracción».
Falta de credibilidad
Por otro lado, Merelo ha criticado que se inicie este trámite de transposición en «pleno apogeo de terrorismo internacional en Europa, crisis de los refugiados y guerra en Siria». Un retraso, ha dicho, que tiene «efectos perjudiciales para la seguridad nacional y de la UE». No obstante, este incumplimiento en la transposición de una directiva no es una excepción, sino que es «la regla general» y así lo ha reprobado la senadora. De hecho, según la propia Comisión Europea, «en lo que respecta a la transposición tardía, Chipre, Bélgica y España registraron el mayor número de procedimientos en curso». Para finalizar, la senadora de Ceuta ha recordado que estos incumplimientos generan una «inseguridad jurídica que afecta a los ciudadanos y empresas en la toma de decisiones» así como a la «falta de credibilidad de España como un Estado Democrático y de Derecho que no asume sus compromisos surgidos del Derecho de la Unión Europea».