El Presupuesto General del Estado "no incluye ninguna partida" destinada a "fomentar la natalidad". Eso es lo que denuncian desde Vox y así lo han manifestado a través de una pregunta enunciada por varios de sus diputados. Entre ellos, la diputada nacional por Ceuta, Teresa López. Señalan un descenso de la natalidad y advierten del peligro de un "crecimiento vegetativo" donde apuntan a que, según los datos que manejan, las muertes superaron considerablemente a los nacimientos durante el pasado año 2019.
Ante esta pregunta, remiten que desde Moncloa la respuesta ha sido que se han elaborado para 2021 "unas cuentas públicas expansivas orientadas a combatir los efectos de la crisis derivada de la emergencia sanitaria mediante el blindaje del Estado del Bienestar".
No obstante, a Vox llama la atención que la partida destinada a la prestación por hijo a cargo ha quedado "diluida", entienden, en "los fondos destinados al Ingreso Mínimo Vital". Por ello, la diputada por Ceuta también ha preguntado "a qué se debe esa reducción en los PGE 2021". A ello, el Gobierno responde que una de las consecuencias de aprobar el IMV ha sido "la revisión de las prestaciones no contributivas y la eliminación de duplicidades" y que "la nueva prestación del IMV ha absorbido a parte de los beneficiarios y del gasto realizado en la asignación por hijo o menor acogido a cargo".
La formación también ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez por el "certificado de empresa familiarmente responsable" que aparece en su proyecto de presupuestos, ya que se financiará su creación, desarrollo y promoción. Según el Ejecutivo, esta es una de las iniciativas de apoyo a la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad laboral, familiar y laboral y Vox ha querido, por ende, conocer los detalles de esta medida.
Desde Moncloa explican que se trata de un modelo de certificación de tercera parte cuyos primeros certificados se entregaron en el año 2006, a la que se someten voluntariamente las empresas o entidades y que se obtiene tras pasar un proceso de auditoría externa realizado por entidades de reconocido prestigio, entre las que citan a la Asociación Española de Normalización y Certificación -AENOR-, Lloyd’s, DNV o SGS. Según señala el Gobierno, la iniciativa ha sido reconocida como 'Good Practice' por la Naciones Unidas y tiene una validez de 3 años para grandes y medianas empresas y de 2 años para las pequeñas.
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