En las elecciones del 26J, cerca de 100.000 ciudadanos no podrán votar por sentencia judicial, una situación que es contraria a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Votar es el derecho fundamental más importante que corresponde a un ciudadano. Es algo que nos otorga la Constitución a todos los españoles, sin distinción alguna. Todos tenemos derecho a participar en la elección de nuestros representantes ya que son ellos quienes tomarán las decisiones que nos afectarán a todos.
Sin embargo, en las elecciones del 26J, cerca de 100.000 personas se verán privadas de este derecho por sentencia judicial, una situación que requiere la supresión de la privación del derecho al sufragio, al ser contraria a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad.
Precisamente, este documento recoge en su artículo 29, de ‘Participación en la vida política y pública’, que los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a asegurar que estas personas puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas.
Este derecho incluye también la garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar, además de proteger que ejerzan su derecho sin intimidación.
Son numerosas las barreras que pueden encontrar las personas con discapacidad intelectual a la hora de votar, como son la falta de información electoral en formatos accesibles para el colectivo o la falta de formación e información de los trabajadores de la Administración electoral en materia de atención y asistencia a estas personas.
Además de estas dificultades para ejercer el voto, debido a las numerosas personas que se verán privadas de este derecho por sentencia judicial, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que ninguna persona con discapacidad intelectual pueda ser privada del derecho fundamental al sufragio en el futuro, ni de su libre ejercicio, contando con los apoyos que fuesen necesarios para cada una de ellas. Esta situación requiere una normalización para llegar a la igualdad de derechos.
Para las personas con discapacidad intelectual que sí pueden votar el próximo domingo y ante el vacío de información y atención hacia el colectivo, Plena Inclusión, especialmente la entidad extremeña, ha elaborado numeroso material informativo en lectura fácil, explicando algunos aspectos básicos que deben saber para ejercer su derecho con garantías.
Uno de los derechos que deben conocer estas personas es que pueden recibir la ayuda de una persona de su confianza, que debe respetar su opinión, o que ante cualquier duda en el colegio electoral deben preguntar a los policías que allí se encuentren.
Para que votar sea un ejercicio fácil, se ha realizado una serie de recomendaciones. Una de ellas se refiere a la tarjeta censal, un documento que se envía a domicilio a todas las personas con derecho a voto y que contiene datos como la dirección del colegio electoral en el que tiene que votar y el número de mesa. Si el votante ha perdido la tarjeta censal, puede acceder a estos datos a través de internet, concretamente por el enlace
https://sede.ine.gob.es/ce-mesas/pages/presentacion/frmPresentacion.jsf. Solo tiene que poner su nombre y el lugar donde vive. Además, en el colegio electoral también estará el tablón en el que aparecen los nombres de las personas que tienen que votar en ese colegio.
Para hacer el voto lo más sencillo posible, se ha puesto en marcha la campaña ‘Yo voto x lo fácil’, que entre otras muchas cosas, explica cómo votar en seis sencillos pasos: Acudir al colegio electoral y comprobar que aparece en el censo electoral, comprobando también los datos; localizar una cabina donde están las papeletas y los sobres, entrar en ella y correr la cortina para que nadie vea si no quiere; elegir la papeleta del partido político que quiera votar e introducirla en el sobre; dirigirse a la mesa electoral; enseñar a las personas que se encuentran en esta el DNI; e introducir el sobre en la urna.
Además, Plena Inclusión participó en la concentración del CERMI ante el Congreso para exigir el derecho al voto de las personas con discapacidad y lanzó un cuestionario para valorar la accesibilidad de los colegios electorales el 26J.
Desde Plena Inclusión se ha realizado una ardua labor informativa y reivindicativa sobre el derecho que otorga la Carta Magna así como para facilitar el voto a las personas con discapacidad, reivindicando para el colectivo los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, porque así lo dicen las leyes. Ahora, además de lo escrito sobre el papel, necesitamos que entre todos lo hagamos realidad, sobre todo los políticos y la administración electoral, aunque también toda la ciudadanía. Porque votar en un derecho, de todos.