Las devoluciones de migrantes irregulares no son una excepción europea en las ciudades autónomas. Lo que sí es único de Ceuta y Melilla, de España en general, es la polémica que las rodea, incluso con derivadas judiciales. Para Augusto Piqueras, profesor del departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada (UGR), se trata de una controversia “absurda”.
El experto ha participado como ponente en ‘Reflexiones sobre extranjería e inmigración’, una de las cuatro propuestas incluidas en el programa de los XXVI Cursos de Verano de la institución nazarí en la ciudad autónoma, que se imparten desde el lunes y hasta mañana en el Campus Universitario.
En su intervención en el antiguo acuartelamiento del Teniente Ruiz bajo el título ‘Fronteras exteriores de la Unión Europea’, el especialista ha recordado que “las reglas tradicionales del Derecho Internacional resultan mediatizadas por el Derecho de la Unión Europea también en el caso de las fronteras que el Tratado llama exteriores, esto es, entre un Estado miembro y un Estado tercero”.
“La desaparición de las fronteras interiores suele conllevar un reforzamiento de las exteriores”, destacó ayer Piqueras en declaraciones a este periódico. “La Unión ha ido tejiendo con sus Estados vecinos una tupida red de acuerdos que van desde os de asociación para precandidatos a ayuda al desarrollo pasando por la creación de zonas de libre comercio como la prevista con Ucrania”, recuerda.
Otra cosa, no obstante, sigue siendo el Derecho Internacional. Y en ese marco, destaca, “un país siempre puede expulsar a un extranjero ilegal pero no devolverlo a un país en el que se le persigue”. La diferencia estriba, por tanto, en si se considera que el Reino alauita vulnera o no los derechos de los no nacionales que lo atraviesan.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Italia por la expulsión hacia Libia en 2009 en contra de su voluntad de un grupo de inmigrantes ilegales que habían sido interceptados en alta mar porque “no tuvieron ninguna posibilidad de solicitar protección internacional” en el país transalpino y porque se consideró probado que en el Estado norteafricano veían vulnerados sus derechos fundamentales. “El caso es diferente con Marruecos porque no decimos que allí se persiga a esos extranjeros”, matiza Piqueras. El profesor es “muy crítico” con las oenegés y el juez que ha imputado por una presunta prevaricación al jefe de la Guardia Civil de Melilla. Desde su punto de vista en este caso se trata de una polémica “absurda” porque conduce a “como negar que los aeropuertos hay fronteras, aún dentro del territorio nacional”. “En Barajas hay una frontera y tampoco tendría ni pies ni cabeza decir que hay que aplicar la Ley de Extranjería a quien llegue allí”, ejemplifica.
“Está clarísimo que todos los Estados pueden proteger sus fronteras y en el Derecho Internacional no existe un derecho a saltar una frontera sin cumplir ningún requisito… Nos puede parecer mejor o peor, más o menos humanitario, pero no existe”, recalca.
De hecho, según Piqueras “en las fronteras terrestres del este de Europa se devuelve a la gente y no pasa nada”. “Ocurre en todo el mundo, incluso entre Estados Unidos y México, que forman parte de una zona de libre comercio, la NAFTA, en la que hay libre circulación de mercancías pero no de personas”, añade.
“Jurídicamente no veo ningún problema a la llamada ‘devolución en caliente’ salvo que en la detención física, no jurídica, y la entrega posterior se produzca algún daño”, matiza el experto, que reconoce que el hecho de que en el Tarajal, por ejemplo, no haya un punto para solicitar asilo es “un problema añadido”.
En cualquier caso, Augusto Piqueras avisa de que “yo creo que se está forzando la norma existente, quizá con un buen fin, el de las oenegés, pero de una forma que no se utiliza en ninguna parte del mundo”.
