Todo empezó con la medida del Gobierno aprobada en el mes de junio de reducir el 5% de las retribuciones a los funcionarios. A los guardias civiles, les cogió en plena negociación por una jornada laboral digna, en un debate en el seno del Consejo de la Guardia Civil que está durando más allá de lo esperado, y que suponía acabar con un agravio histórico que implicaría equiparar Laboral a la misma que disfrutan los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía.
Esas negociaciones estaba resultando difíciles para ambas partes, ya que AUGC, asociación mayoritaria en el citado Consejo, no puede aceptar una modificación que no implique mejoras respecto a las que vienen disfrutando los policías desde hace 18 años. Frente a eso, los responsables del Cuerpo respondían con negativas, vagas concesiones y un rechazo rotundo a la aplicación de unos índices correctores que reconozcan de una vez por todas, el especial sobreesfuerzo que implica trabajar de noche y en festivos.En esa estábamos cuando, para acabar ya con la moral de los agentes, nos encontramos con la vuelta de tuerca más que supone recortar nuestros ingresos.
Desde el primer día en que esto se produjo, funcionó el boca a boca: agentes de toda España, y por iniciativa propia, deciden de forma unitaria, restringir al máximo, en el uso de sus atribuciones, la medida coercitiva de la multa, y sustituirla por un aviso verbal con consejos sobre seguridad vial. Los resultados difundidos por AUGC con datos oficiales no dejan lugar a dudas: hasta un 90% menos de denuncia en algunas provincias, destacando Madrid, Sevilla o Málaga entre las que más se habían reducido. Toda la prensa nacional se ha hecho eco de los mismos, y han conseguido, de forma inesperada, que la actitud, libre y voluntaria de los agentes llegue a resultar insoportable para los responsables del Cuerpo. Por ello, las consecuencias no se han hecho esperar: La drástica reducción en el número de denuncias y la consiguiente reducción en el ingreso para el Estado, ha hecho sonar todas las alarmas. La Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior se han puesto manos a la obra para atajar esta situación cuanto antes.
Como viene siendo habitual en lo que respecta a las grandes decisiones, siempre imperarán los criterios económicos a los humanos, así que para conseguir que los agentes cambien de actitud, van a ser sometidos a una inspección constante de su trabajo en lo que primará ante todo, la cantidad de denuncias que cada agente realice.
Así, el General Jefe de la Agrupación de Tráfico, Antonio Dichas, ha dispuesto una serie de normas para baremar el trabajo mensual de cada guardia, aplicando índices multiplicativos que evalúan su trabajo hasta por 4 en el caso de denuncias a los transportistas, ya que estas sanciones tienen unos importes superiores a los 2000 euros, o por 5 en alcoholemias. En cambio multiplican por 1 los servicios humanitarios y de ayuda en la carretera.
Nuevamente, AUGC ha sacado los colores al Estado, haciendo ver a la opinión pública que se gratifica al guardia multón, en detrimento de aquél que interrumpe su labor recaudatoria para socorrer a un automovilista en apuros.
Ahora le toca el turno a oposición y medios de comunicación para preguntar al Gobierno por sus actos. El PP ha pedido la comparecencia del Ministro Rubalcaba en el Congreso, mientras el Director General de Tráfico promete investigar a los agentes que no multan y anuncia que se tomarán medidas. Mientras, cada vez son más organizaciones que se preocupan por la situación y piden transparencia por las medidas que toma el Gobierno.
En este sentido, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ya ha lanzado la voz de alarma en lo que consideran ellos, una gravísima vulneración del Estado de Derecho, premiar a los agentes que más multan, ante el temor de que medidas de este tipo acaben pagándola ellos.
En fin, el Sr. Rubalcaba ha logrado unir, quizás no era lo que pretendía, a toda la sociedad contra su medida; trasportistas, ciudadanos y Guardias Civiles.
